Hace seis años, cuando el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, debió abandonar el país ante las acusaciones que por diversos delitos -entre otros la supuesta malversación de 55 millones de dólares- le hizo el gobierno de Vicente Fox, parecía estar acabado, al iniciarse un desmembramiento al interior de la organización.
El hijo de Napoleón Gómez Sada hizo un contraataque que dejó muy mal parado al gobierno: la persecución de la que era objeto, tenía tintes políticos, al acusar que la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, en Coahuila, obedecía a negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -a cargo entonces de Francisco Javier Salazar, actual diputado federal del PAN- y de empresas mineras por las pésimas condiciones en que se laboraba.
Poco más de siete años después, el líder sindical que en su oportunidad ocupó la dirección de la Casa de Moneda de México, está a punto de demostrar que en efecto su persecución no era del todo legal como presumían el gobierno y sus aliados. Para lograrlo, contó con el invaluable apoyo del poderoso sindicato minero de Canadá. En caso que concrete su regreso al país, como parece ocurrirá, representará un terrible revés para la gestión de Felipe Calderón, especialmente si logra hacerlo antes de que entregue el mando.
Hasta ahora, Gómez Urrutia ha logrado desvirtuar diez de las once acusaciones en su contra. Hace unos días sus argumentos llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ordenar a la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que le otorgue el reconocimiento oficial como secretario general del sindicato minero, lo que representa una victoria de grandes dimensiones, porque esa dependencia en una actitud violatoria de la autonomía sindical, se la había negado bajo argumentos ilegales.
La posibilidad del regreso de Napito, ha llevado a disidentes sindicales a levantar la voz. Héctor Jiménez Coronado, presidente de la Alianza Minera, cuestiona la resolución de la Corte y la califica de una vergüenza, pues pone en tela de juicio la honorabilidad y la honradez de los magistrados, y adelante la posibilidad de acudir al Comité Interamericano de Derechos Humanos para solicitar su intervención.
Jiménez Coronado pone en duda el regreso de Gómez Urrutia, al considerar que aún están pendientes los 55 millones de dólares que pertenecen a los mineros, y que asegura, se ha robado, pues hasta ahora se desconoce el paradero de ese dinero. Los abogados del dirigente que desde que inició la persecución en su contra vive en Canadá, dicen que están íntegros en las arcas del sindicato, lo que de ser así tarde que temprano le permitirá el retorno al país.
El dirigente de una parte de la disidencia, rechaza las versiones que hablan del incremento de la membresía en el sindicato, ya que, sostiene, se hizo con trabajadores que no son mineros para favorecer a Gómez Urrutia, que ante la severa disminución de ésta y hubiese perdido el control del congreso en el que fue reelecto. Para probarlo, asegura que en sitios como Hidalgo, Taxco, Puebla, entre otros estados se han cerrado fuentes laborales.
La membresía real actual, oscila entre seis mil y seis mil 500 trabajadores y acusa a la Comisión Nacional de Escalafón de negligencia para favorecer a Napito.
Coronado fue más allá y planteó que las secciones mineras de Monclova y la región Carbonífera desconocieron la reelección de Gómez Urrutia en la convención minera celebrada en la ciudad de México, la cual consideran que es ilegal, además señaló que la convocatoria a la convención es ilegal porque no fueron incluidas todas las sociedades mineras.
Para ser reelecto, Napito recibió el apoyo de los 300 delegados del gremio en la clausura de la XXXVII Convención Ordinaria por lo que continuará como líder del sindicato hasta el año 2014, fecha en que se vence su mandato de seis años. Y en lo que parece una decisión estratégica para cobrar venganza política de la persecución que durante años enfrentó de los dos gobiernos panistas, Gómez Urrutia externó su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
PARA LA AGENDA
El 28 de febrero, directivos de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Pronabive), encabezados por su director Juan Manuel Cardoso Escobedo, levantaron un acta administrativa en contra de tres trabajadores, en la que actúan como ministerios públicos cuestionándolos y sin darles oportunidad de presentar testigos de descargo. Sin observar las formalidades, el director de ese organismo descentralizado firmó como testigo, aún cuando en ninguna parte se clarificó si lo hizo de cargo o descargo, aún cuando se entiende que fue en el primer caso, pese a que no le constan los hechos. En una serie de irregularidades en contra de los derechos laborales de los trabajadores, en el acta aparece la firma de la secretaria técnica, Martha Eugenia Rocha Lona como testigo -tampoco se clarifica si de cargo o de descargo-, no obstante que en la introducción no se señala que también comparecerá. Es evidente el desconocimiento de la titular de la Unidad Jurídica, Leonor Romero López y del jefe del Departamento de Recursos Humanos, Víctor Hugo Martínez Galicia, de las formalidades de un acta administrativa. Unos días antes, esto es el 21 de febrero, levantaron una primera acta administrativa en contra de los tres trabajadores, pero como no notificaron a los dirigentes sindicales para que estuvieran presentes, optaron por subsanarla con la segunda, en la que tampoco firmaron por la serie de irregularidades… En el informe de actividades del último año, Luis Miguel Victoria Ranfla se refiere escuetamente -igual que José Luis Rodríguez Camacho-, al cierre del hospital “Gonzalo Castañeda”, pese a que ello significó en la práctica la desaparición de la sección XXXIX. El secretario de trabajo y conflictos sostiene que ha acudido a 52 reuniones al respecto, pero se abstiene de señalar que de los 700 trabajadores que tenía el nosocomio, la mayoría fueron adscritos a áreas de la sección IV con la finalidad de aumentar el padrón y tener más delegados al congreso del próximo año, con la evidente intención de ser beneficiado, al ser precandidato a la dirigencia… Curiosamente tampoco plantean nada de los profesiogramas que implicaron más requisitos sin prestaciones económicas adicionales para ascensor en la rama médica, paramédica y grupo afin… Un telegrama que circula entre los trabajadores de base del organismo Telecomunicaciones de México, pone de manifiesto el creciente malestar en contra de los directivos, ya que sostiene, con sus conocimientos adquiridos a base de experiencia, suplen la incapacidad, omisión y mala fe de éstos. “Casi siempre lo hacemos sin las herramientas básicas de trabajo y exponiéndonos a ser víctimas de la delincuencia“, sostienen… ¿En qué dependencia se dice se busca reducir las indemnizaciones de 108 meses a sólo 40 o un máximo de 70 y limitándolos a sólo cuatro enfermedades básicas, en un cambio radical del seguro institucional? De concretarse ese proyecto, el seguro institucional que se otorga a todos los trabajadores de esa institución, no incluiría algunos tipos de cáncer, seno, cervicouterino y próstata, por ejemplo, lo que representaría uno de los retrocesos más severos en los últimos tres años. Luego los dirigentes sindicales se quejan que se les diga que representan la gestión más corrupta y mediocre, más preocupado en mantener las aviadurías de esposas, esposos, compadres y recomendados, que en abanderar las justas y legítimas demandas de los trabajadores… Por cierto, en la larga lista de aviadores disfrazados de licencias con goce de sueldo, faltó incluir a la doctora Leticia Marín Campos, cuya plaza se encuentra adscrita a la Delegación Estatal de Zacatecas, quien le debe el favor a Carlos de la Torre Tosca…
