El 28 de febrero pasado, el Gobierno del Distrito Federal firmó, con la sección uno “limpia y transportes” del Sindicato Único de Trabajadores del GDF, un convenio de colaboración para la recolección de basura. Se estableció un pago de 50 pesos por tonelada de desecho inorgánico separado e ingresado en las plantas de transferencia de la Secretaría de Obras y Servicios.
El objetivo es alcanzar un millón 200 mil toneladas anuales de basura orgánica debidamente separada, lo que implicará una erogación de 60 millones de pesos; pero la autoridad se reservó el derecho de realizar muestreos aleatorios a fin de corroborar que no contenga desechos inorgánicos.
Al convenio, firmado por el secretario de obras del GDF, Fernando José Aboitiz Saro, el oficial mayor, Adrián Michel Espino, y por los directores generales de administración, José Octavio Pérez Nieto, y de administración y desarrollo de personal, Justo Federico Escobedo Miramontes, así como por Horacio Santiago Ramírez, secretario general de la sección uno, se agregó un apéndice denominado “lineamientos de operación para la recepción de residuos orgánicos limpios de los trabajadores de limpia en las estaciones de transferencia”.
Y es precisamente en esos lineamientos en donde los choferes de los camiones de recolección de basura llevan la peor parte, ya que entre otras cosas se convino que personal de la Secretaría de Obras y Servicios podrá ordenarles que descarguen en el suelo la basura orgánica que llevan para inspeccionarla.
“Si el verificador considera que los residuos orgánicos no cumplen con la calidad requerida, éste (sic) no permitirá el depósito de los residuos orgánicos en la caja específica, los cuales se cargarán nuevamente por personal de la DGSU (Dirección General de Servicios Urbanos) y se depositarán en la caja de residuos inorgánicos”.
El problema es que al penalizar en el artículo 344 del Código Penal del Distrito Federal el acarreo de escombro, los choferes han sido presentados ante el Ministerio Público. Es decir, se les criminaliza la labor que realizan, mientras sus dirigentes sindicales -no sólo Horacio Santiago Ramírez, sino también Juan Ayala Rivero, presidente del SUTGDF- se desentienden de su situación jurídica.
Tal situación ha propiciado que en diversas calles de la ciudad, se encuentren escombros sin que nadie los recoja. Aparentemente los programas de separación de residuos son exitosos, debido a que los centros de recepción de basura podrían tener una vida útil más larga y se reutiliza la basura de una mejor manera, pero no puede perderse de vista que el entorno se afecta por la aparición de montones de ladrillos y de pedazos de cemento que dan un mal aspecto.
Los lineamientos establecen también: “Si algún operador descarga residuos orgánicos contaminados con residuos inorgánicos contaminando la caja de inorgánicos, ésta (sic) será desviada al sitio de disposición final y al operador se le reportará y se tomarán las siguientes medidas: en la primera ocurrencia se le informará al sindicato para su conocimiento y prevención. En caso de reincidencia quedará fuera del programa”.
Durante el quinto informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el coordinador de los diputados del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gilberto Sánchez Osorio, denunció irregularidades en la política laboral del gobierno de la ciudad, al mantener sin salarios ni prestaciones económicas a unos 20 mil meritorios en el área de limpia y transportes.
Esos trabajadores -de alguna manera hay que llamarlos- sobreviven de la “finca” (las propinas que se les dan por llevarse la basura) y la pepena de residuos reciclables como cartón, vidrio, plástico y metal. El GDF no los considera como parte de su plantilla laboral.
Pese al tiempo transcurrido, Ayala Rivero no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. La semana pasada su oposición sindical entregó al presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, un documento en el que se solidarizan con las acciones que lleva a cabo en contra de la política laboral del gobierno de la ciudad.
Para la mayoría de los choferes, el gobierno de la ciudad y su sección sindical con ese convenio les transfiere toda la responsabilidad en cuanto a que la basura inorgánica debe estar limpia de todos los residuos inorgánico, a cambio de un pago raquítico que no compensa de ninguna manera el riesgo que enfrentan.
El pago de 50 pesos por tonelada de basura inorgánica separada, se acordó en la cláusula cuarta del convenio, se paga cada cuatro meses.
Choferes denunciaron que han detectado que en estaciones de transferencia, se ha permitido que compradores de material reciclable cuenten con espacios dentro de las áreas, reduciendo considerablemente las posibilidades de maniobra. Tal situación, consideran, debiera no sólo ser verificada por su dirigencia sindical y por las mismas autoridades, toda vez que son evidentes las irregularidades.
Para la agenda
Después del regaño público que recibió por los nulos resultados en las negociaciones de las condiciones laborales, Luis Miguel Victoria empieza a dar muestras de desesperación en su intento por convertirse en el siguiente dirigente del SNTISSSTE: además de garantizarle a quien quiera escucharlo -de los secretarios generales seccionales- que ocuparán posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional, ha externado que tiene infiltrado a Roberto Ruvalcaba y de esa manera se entera lo que junto con Blanca Pérez, Marco Antonio Silva, Alberto Noé y José Luis Saucedo -integrantes todo del llamado “tercer grupo”- hacen por atraer simpatías, con el tácito apoyo de Rodríguez Camacho y pese a la división que han originado… La discrecionalidad con la que Francisco García Culebro maneja los recursos de la Comisión Nacional de Auxilios -según esto poco más de 500 millones de pesos-, ha generado sospechas del manejo financiero que de ese dinero hace, por lo que empiezan a escucharse voces que plantean la necesidad de una auditoría. De esa manera, sostienen, se clarificaría incluso la supuesta pérdida de 90 millones de pesos en acciones de Comercial Mexicana que García Culebro dijo haber encontrado al inicio de su gestión… Los nuevos profesiogramas firmados por Rodríguez Camacho, Ruvalcaba y Guadalupe Murillo, representan el más grave retroceso en el Sindicato del ISSSTE en muchos años, debido a que aumenta de seis meses un día que establece el artículo 19 del reglamento de escalafón, hasta a cinco años, para que los trabajadores puedan concursar por otra plaza. Los más afectados son los médicos y enfermeras, lo que muestra la mediocridad de la actual gestión, peor incluso que la de Trinidad Reyes Alcaraz… El pasado miércoles 19 de octubre, en un hotel del sur de la ciudad se le organizó un desayuno para festejarle el cumpleaños a Ricardo Pontigo Márquez, exsecretario general del SNTISSSTE. Fueron dos los organizadores -uno de ellos, por cierto, precandidato a sustituir a Rodríguez Camacho. En una próxima entrega daremos detalles y nombres. Sea suficiente con adelantar que estuvieron varios integrantes de la dirigencia sindical e incluso personal de apoyo, reflejo del poco respeto que le tienen a la gestión de Rodríguez Camacho…
