Las cifras en materia de impartición de justicia laboral arrojan resultados que merecen ser analizados. Por lo menos así lo deja ver el reciente informe anual de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que la semana pasada presentó su presidente Eduardo Andrade Salaverría. En lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón, se ha registrado el menor número de huelgas respecto al mismo periodo de las tres administraciones anteriores.
Reforzó su aseveración con un comparativo de los primeros 59 meses de las administraciones anteriores y la actual. El presidente del tribunal laboral federal -donde se dirimen los conflictos del apartado A del artículo 123 constitucional- soltó una serie de cifras del número de huelgas estalladas en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox: 699, 256 y 211, respectivamente, cifras que contrastan con las 92 que se han registrado en lo que va del sexenio de Calderón. Los números dejan ver, en una primera lectura, el trabajo que realiza el equipo que encabeza Eduardo Andrade Salaverría, para mantener un clima de paz y cordialidad entre los patrones y empleados.
Pero, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje trae una piedrita en el zapato en lo que se refiere a los juicios individuales en fases de instrucción, que lo mantiene ocupado y preocupado, sobre todo cuando esta situación afecta otros rubros. Salaverría trata de minimizar el impacto que causó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que impacta en primera instancia a los Tribunales Colegiados, de suspender la resolución de los amparos en revisión relacionados con la demanda de los pensionados al Infonavit para la devolución del fondo de la vivienda 97.
Dicha disposición hizo que durante 23 meses la Junta Federal haya recibido 79 mil 210 demandas laborales por ese concepto; pero una vez que la Corte reconoció la posibilidad de reclamar los recursos vía amparo indirecto, la Junta junto con otras dependencias, ha establecido acuerdos con el Infonavit para agilizar la devolución del dinero. Uno de esos mecanismos es el denominado “dispersión”, mediante el cual el Instituto, previo aceptación del interesado sobre el monto y mecanismo de pago, les transfiere a sus cuentas bancarias la cantidad correspondiente.
Bajo este sistema, al mes de octubre se han efectuado pagos a mil 377 pensionados, los cuales en conjunto han percibido más de 82 mil millones de pesos. Adicionalmente se encuentran en trámite dos mil 401 solicitudes de devolución de recursos por parte de pensionados y que en total exigen más de 236 millones de pesos. Esto es, la subcuenta de vivienda debe reintegrarles las aportaciones a 3 mil 613 pensionados.
Además se ha instalado y opera en siete Juntas Especiales, una herramienta electrónica para la emisión de proyectos de laudo de juicios de este tipo y se proyecta instalarla en otras 14, en lo que resta del año.
Sobre este mismo aspecto, en las 50 juntas especiales se utiliza el Sistema de Información de Cuentas Individuales de los Trabajadores (SICIT) del Sistema de Ahorro para el Retiro, mismo que es operado por la Consar. A través de este sistema se han realizado en lo que va del año un total de nueve mil 188 consultas, que incluyen tres mil 517 avisos de radicación de juicios promovidos por pensionados a partir de febrero del año en curso, en los cuales se ha hecho el preaviso de trámite judicial, que permitiría que los recursos de la subcuenta de vivienda 97 no sean transmitidos al Gobierno Federal y permanezcan disponibles cuando se emita el laudo correspondiente.
Destaca en el informe de Andrade Salaverría, la solicitud que el 14 de octubre de 2010, realizó la Compañía Mexicana de Aviación y empresas filiales ante al JFCA para suspender las relaciones laborales de su personal sindicalizado y de confianza, misma que aún se encuentra en espera de un posible comprador, pues se han agendado varias fechas para celebrar audiencias, pero han sido diferidas a solicitud tanto de la empresa como de los representantes de los trabajadores, bajo el argumento que se encuentran en pláticas conciliatorias en búsqueda de una solución al conflicto.
En ese conflicto desorden económico, la siguiente audiencia que tiene prevista al Junta es para el próximo 14 de diciembre, donde, de llevarse a cabo, tendrán que acudir los representantes sindicales de los pilotos, los sobrecargos y del personal de tierra. Mientras tanto y hasta que no se determine la situación de las relaciones laborales, todos los trabajadores siguen formando parte de Mexicana y mantienen vigentes su prestaciones y salarios.
PARA LA AGENDA
La salida de Jesús Villalobos de la dirección general del ISSSTE obedeció a dos poderosas razones: la primera que no rindió los resultados esperados, lo que propició el distanciamiento de Joel Ayala Almeida, líder de la FSTSE y quien había sido el dique de contención que evitó que fuese antes víctima del membrete llamado FEDESSP, y la segunda, la necesidad gubernamental de hacer una profunda limpia de todos los funcionarios que provengan del SNTE… Una de las primeras decisiones que el nuevo director general del ISSSTE, Sergio Hidalgo, deberá tomar, será la sustitución del director de finanzas, Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelli, un hombre déspota que ante la tibieza de José Luis Rodríguez Camacho, en alguna ocasión tuvo el atrevimiento de gritarles a un puñado de secretarios generales seccionales que se retirarán de sus oficinas, que no era panadería… Conforme transcurran las semanas, Hidalgo descubrirá que un sindicato corrupto, sumiso y dividido como el SNTISSSTE no le sirve ni a la autoridad ni a los trabajadores… Otra acción que de inmediato deberá emprender Hidalgo, será la cancelación del convenio con la aseguradora Argos, para ofrecerles a los trabajadores seguros individuales, lo que desde hace muchos años realiza Metlife -ofertados anteriormente por Aseguradora Hidalgo- y que ha provocado que la gran mayoría del 90 por ciento de los trabajadores que han adquirido pólizas, tengan el beneficio de la cláusula de indisputabilidad. En ese sentido, el director general del ISSSTE debe reparar en que existen dos oficios firmados por Álvarez del Castillo Ponzanelli y el actual subdirector de personal en el que le comunican a Meltlife que el 31 de octubre sería la última quincena que se aplicarían descuentos a los salarios de los trabajadores que tuvieran relación contractual con esa empresa. Si bien es cierto la amenaza no ha sido cumplida, gracias a una gran labor de cabildeo de la doctora Marisol Galindo, lo es también que es necesario darle la puntilla final a lo que parece un negocio de unos cuantos a costa de los trabajadores… El mismo camino deberán seguir los profesiogramas de la rama médica, paramédica y afín, aceptados hace unos meses por Rodríguez Camacho, Roberto Ruvalcaba y Guadalupe Murillo. Y así el dirigente sindical del ISSSTE espera que el PRI lo haga su candidato a diputado federal por su natal Nayarit, ¿qué tal?
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