La iniciativa de ley de los diputados Alfredo Villegas Arreola y Marco Antonio García Ayala, de sustituir el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), por un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios denominado Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, muestra la preocupación del presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, de alejar los recursos económicos de la vivienda de los servidores públicos de apetitos políticos particulares.
Una de las mayores preocupaciones del presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a lo largo de su trayectoria sindical, ha sido la vivienda, seguro que cuando un trabajador resuelve ese rubro, disminuye en un muy alto porcentaje sus problemas económicos.
Además, con una gran visión busca separar el FOVISSSTE del ISSSTE, con la finalidad de salvaguardarlo de los apetitos políticos como ha ocurrido en los últimos diez años.
La iniciativa, presentada ya ante la Cámara de Diputados tiene, entre otros antecedentes, la presentada por Ayala Almeida que permitió una nueva ley del ISSSTE y que incluyó la creación del PENSIONISSSTE, una afore propuesta por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
En caso que la propuesta en materia de vivienda prospere, el nuevo instituto -una especie de organismo similar al Infonavit, con sus necesarias diferencias- tendrá a su cargo el otorgamiento de créditos para adquisición, construcción y remodelación de casas para los trabajadores no sólo del Estado a nivel federal, sino también de las entidades estatales municipales, lo que se traduciría en un objetivo a largo alcance y que permitiría contar con mayores recursos económicos para enfrentar un problema creciente.
Los diputados plantean que sea sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; contaría con consejeros independientes, con un comité de auditoria y otro de riesgos, así como un auditor externo, y al igual que el ISSSTE sería dirigido por una junta directiva en la que participarían representantes de los trabajadores.
La intención de Ayala parece ser, en el fondo, evitar que las aportaciones de los trabajadores y de las entidades gubernamentales, se conviertan en un objetivo apetitoso de intereses políticos. El nuevo instituto, plantean los legisladores en la exposición de motivos, buscaría cumplir “de manera más ágil y eficaz con las finalidades que actualmente tiene encomendadas, así como para que expanda sus servicios de seguridad social a los ámbitos que se asignen en materia de vivienda para los trabajadores”.
El artículo 36 de la iniciativa de ley que crearía el nuevo instituto de vivienda para los trabajadores del Estado, plantea que en caso que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses el entero de las aportaciones y descuentos aplicados a los trabajadores, el adeudo correspondiente se hará público; y al año se le suspenderán total o parcialmente las prestaciones correspondientes.
La subcuenta de vivienda se constituiría con la aportación del cinco por ciento del sueldo base de los trabajadores, y el otorgamiento de créditos se hará después de cotizar más de dieciocho meses al instituto.
El artículo 53 contempla: “Los recursos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta sección, serán transferidos al PENSIONISSSTE, a la administradoras o a las aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de los dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, al momento en que el derechohabiente se pensione”.
En el título sexto “Sanciones y delitos”, enumera una serie de omisiones que podrán ser consideradas infracciones administrativas por parte del nuevo instituto y por las cuales se le podrán aplicar multas por el equivalente hasta 20 mil días de salario, para lo cual el procedimiento administrativo correspondiente se normará por lo previsto por la Ley de Instituciones de Crédito.
Y a partir del artículo 70 y hasta el 77, enumera los delitos que serían sancionados con prisión y multa económica, entre los que menciona el quebranto o perjuicio patrimonial, incluida la proporción de datos falsos, el fraude y la recepción, en el caso de consejeros, funcionarios o empleados del nuevo instituto, beneficios para celebrar cualquier operación.
La iniciativa establece a que los trabajadores del FOVISSSTE que formarían parte de la plantilla del nuevo instituto, se les respetarían íntegramente los derechos laborales de los que gozan en la actualidad. La ley entraría en vigor noventa días naturales después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Para la agenda
Por más esfuerzos que Alejandro Rojas hace en la promoción de su libro sobre la necesidad de una constitución en el Distrito Federal, no logra calar en el ánimo de la gente, por lo que parece ver que sus aspiraciones de convertirse en candidato a suceder a su jefe Marcelo Ebrard amenazan irse por la borda cuanto antes. El secretario de Turismo de la capital del país es un hombre ingrato: olvida que a principios de la década de los ochenta, cuando era un desesperado aspirante a un puesto que le permitiera vivir decorosamente, recibió ayuda de un amigo que era funcionario de un organismo descentralizado y quien le prestaba una oficina con teléfono frente al Monumento a la Revolución. Resulta que ese amigo, cuando Rojas fue designado secretario de Turismo, fue a visitarlo para ver si lo apoyaba: sólo recibió indiferencia, pese a que se trata de alguien con experiencia y capacidad. Por actitudes como esa, los habitantes de la ciudad están cansados de los perredistas, quienes ven con preocupación que el PRI pudiera ganarles la Jefatura de Gobierno -la joya de la corona- en las elecciones de 2012, ante el hartazgo ciudadano frente a la demagogia con la que se conducen. En el deterioro del perredismo no sólo figuran personajes como René Bejarano y Dolores Padierna, sino también arribistas como el propio Alejandro Rojas, Mario Delgado y una muy larga lista… Por cierto, la elección de la dirigencia del PRI en el Distrito Federal, tal y como lo alertó Joel Ayala Almeida a Humberto Moreira, representaba una serie de riesgos que pondrían en peligro el positivo handicap que ese partido tiene para las elecciones del próximo año en la capital, donde según las encuestas le quitarán posiciones al PRD. El dirigente partidista y Pedro Joaquín Coldwel hicieron gala de sordera política y ahora están metidos en un berenjenal. Sin duda, como se los planteó el dirigente de la FSTSE, era preferible pagar las multas que les impusiera el IFE, a disminuir la preferencia electoral del priísmo en la capital del país. La salida lógica era -y sigue siendo- nombrar un delegado especial, como desde hace tiempo se los planteó el dirigente de la FSTSE quien, pese a todo, es de los pocos priístas preocupados siempre por aportarle planteamientos positivos a su partido…
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