Vérónica V. González y Arnoldo Piñón
Al gobierno de Enrique Peña Nieto le corresponderá la aplicación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Los beneficios, como también los costos, le serán reconocidos o le serán reprochados, según sean los resultados, pese a que la iniciativa haya sido de Felipe Calderón Hinojosa.
Para un inicio de gobierno, es una situación inédita en materia laboral. Nunca antes en la historia del país, una administración inició poniendo en práctica una nueva legislación que regule las relaciones entre los factores de la producción. Al peñismo se le adjudicarán los saldos positivos o negativos, debido a que el PRI, al ser la primera minoría en el Congreso de la Unión, fue determinante para que las reformas fueran aprobadas.
La contratación por horas, la legalización del intermediarismo o terciarización -conocido también como outsourcing-, los contratos a prueba y sobre todo el pago de indemnizaciones por un máximo de salarios caídos de un año y quince meses adicionales con un interés mensual, son nuevas figuras en materia laboral que pronto estarán en práctica.
En términos generales las reformas flexibilizarán las relaciones laborales y facilitarán el despido abaratándolo en contra del interés de los trabajadores, a los cuales incluso se les pondrá un tope en el pago de indemnizaciones por despido injustificado. De acuerdo con el PAN y con los empresarios, incidirán en la creación de nuevos empleos, calculados en 400 mil por la secretaria de trabajo y previsión social, Rosalinda Vélez.
El modelo de las reformas de la legislación laboral mexicana, es muy cercano al español, donde también a principios del año, el entrante gobierno del derechista Mariano Rajoy flexibilizó -y abarató- las relaciones laborales para hacer frente a una severa crisis económica que la península enfrenta.
Y al igual que en nuestro país, el argumento central esgrimido para reformar la legislación laboral española, fue la necesidad de crear nuevos empleos productivos, especialmente para los jóvenes.
Sin embargo, al cumplirse el primer año del gobierno de Rajoy, el balance es bastante desfavorable, debido a que por vez primera el desempleo se situó en 25.02 con 5 millones 778 mil “parados” como se les denomina en España. Pero quizá el aspecto más negativo es el hecho que en apenas un año de gestión, ha enfrentado dos huelgas masivas.
El 29 de marzo, España vivió la primera huelga masiva en contra de la reforma laboral, y apenas el 14 de noviembre de nuevo las dos grandes centrales, UGT y CCOO llamaron a suspender actividades, en esta última incluso con el apoyo del PSOE.
El sindicalismo español y el mexicano son polos opuestos. En la Península hay dos grandes centrales bien cohesionadas, mientras en nuestro país desde la década de los noventa todas las organizaciones entraron en un proceso de debilitamiento como consecuencia de factores internacionales -el cambio en los sistemas de producción-, políticas públicas y la pésima imagen de los dirigentes sindicales, que les impide realizar una huelga masiva.
El cambio de los sistemas de producción a nivel mundial -de la fabricación masiva de productos, conocido como fordismo, a la gran variedad de artículos-, provocó un debilitamiento del sindicalismo internacional, del cual no estuvo exento el mexicano, excepto con un retardo de unos quince años.
El debilitamiento del sindicalismo mexicano inició con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El primer paso fue acabar con los liderazgos de los petroleros, en enero de 1989 acusándolos de tráfico de armas entre otros delitos, y de los maestros, en abril de ese mismo año al obligar al grupo de Carlos Jongitud Barrios y de Vanguardia Revolucionaria a retirarse del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Paralelamente se agudizaron los señalamientos de corrupción de los dirigentes sindicales: excesos cometidos a la sombra de la representación de los trabajadores y enriquecimiento desmedido, vigentes en la actualidad -en este espacio hemos documentado-, por ejemplo, que en el sindicato del ISSSTE además de aviadurías de esposas, familiares, amigos y compadres disfrazadas de licencias sindicales con goce de sueldo, dirigentes como José Luis Rodríguez Camacho, José Luis Saucedo y Francisco José García Culebro, han saqueado las aportaciones de los trabajadores sin el más mínimo pudor.
La muerte de Fidel Velázquez, en 1997, sumado a la desaparición de Alberto Juárez Blancas, de la CROC e Ignacio Cuauhtémoc Paleta, contribuyó al debilitamiento del sindicalismo. Sólo a manera de ejemplo: el sindicato ferrocarrilero que en su mejor etapa tuvo una membresía de 80 mil trabajadores, durante el gobierno de Ernesto Zedillo prácticamente desapareció con la privatización.
Actualmente, el sindicalismo en México no tiene la fuerza para convocar a una huelga como las españolas. La CTM es hoy una caricatura de lo que fue en la década de los ochenta. Joaquín Gamboa Pascoe no es Fidel Velázquez, ni Isaías González Cuevas tiene los tamaños de Alberto Juárez Blancas, como tampoco Rodolfo González llena los zapatos de Ignacio Cuauhtémoc Paleta.
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo legalizarán el outsourcing, una práctica depredadora en contra de los trabajadores, que no les permitía acceder a salarios dignos y ni siquiera a aspirar a la seguridad social. La banca es el más claro ejemplo de esa práctica nociva: Bancomer tiene a todos -al parecer sólo un trabajador es la excepción- sus empleados contratados bajo esa figura, y desde hace años Banamex no otorga basificaciones para evitar el pago de un seguro de gastos médicos entre otras prestaciones económicas.
Tan deleznable que firmas como Walmart, Aurrerá y Superama y otras muchas más, para evadir las obligaciones laborales, contraten a sus trabajadores bajo la figura de “asociados”, ante la apatía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de hacer valer la ley.
Es probable que con la flexibilización de las relaciones laborales -y en especial el abaratamiento del despido-, conviertan a México en un país atractivo para la inversión que se traduzca en fantásticas utilidades. Será a costa de los trabajadores, ya que se crearán empleos precarios con salarios miserables, contratados bajo la figura de jornadas por horas con pago pagos de salario mínimo.
El riesgo es que el salario mínimo que ahora sólo sirve como referencia, se convierta nuevamente como instrumento de pago, lo que precarizará aún más las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. En un año tendremos más elementos para evaluar las reformas laborales. Ojalá que contrario a lo que ocurre en España, no hablemos de los nuevos esclavos del siglo XXI.
