POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
En su intento por generar condiciones que
le garanticen la reelección en la secretaría general de la sección uno “Limpia
y transportes” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito
Federal (SUTGDF), Horacio Santiago Ramírez denunció que el gobierno de la
ciudad tiene, sólo en esa área, unos cinco mil trabajadores contratados
mediante outsourcing, lo que no sólo le pega a Juan Ayala, sino también a
Marcelo Ebrard.
En efecto, los perredistas han sido, junto
con los panistas, los más férreos impulsores de la llamada transparencia
sindical en las discusiones de reforma a la Ley Federal del Trabajo, mientras
los sindicatos simpatizantes, como telefonistas, tranviarios, universitarios y
el mismo SUTGDF se han manifestado en contra de los cambios planteados.
El SUTGDF considera lesiva la iniciativa
del presidente Felipe Calderón a los intereses de los trabajadores, en lo cual
se podría coincidir. Sólo que hasta ahora nada he hecho por evitar la
contratación de trabajadores a través de terceros, como lo denunció Santiago
Ramírez.
No sólo en el área de limpia y transportes
intervienen empresas prestadoras del servicio y que implica pérdida de la
fuente de trabajo. También las hay en áreas como parques y jardines, sin que
hasta ahora el dirigente seccional, José Edel López Paz haya hecho algo por
evitarlo.
Tanto Ramírez Santiago como López Paz son
vicepresidentes del SUTGDF, del cual Ayala Rivero es el presidente.
La denuncia del secretario general
separado de la sección uno “Limpia y Transportes” -en una mascarada para
aparentar que en la contienda electoral hay equidad como lo ha exigido el otro
candidato, Hugo Alonso Ortiz-, tiene como finalidad atraer la simpatía de la
mayoría de los 14 mil 300 trabajadores de base, aún cuando mostró el doble
discurso de las gestiones gubernamentales perredistas.
Mascarada, porque de acuerdo con Hugo
Alonso, el secretario general separado del cargo continúa utilizando instalaciones
seccionales para hacer campaña electoral, con la complicidad de Ayala Rivero,
quien de esa manera pone en juego incluso su futuro al frente del SUTGDF, ya
que de ganar la oposición difícilmente lo apoyará en su gestión.
Y es que la situación en limpia y
transportes -cuyos trabajadores integran la sección más numerosa del SUTGDF- es
sólo una muestra de que la materia laboral es una de las asignaturas pendientes
en el gobierno del PRD en el Distrito Federal. A la contratación mediante
outsourcing, se calcula que existen entre 15 mil y 20 mil “voluntarios” en los
camiones recolectores, con los que el GDF no tiene relación laboral y que viven
de las propinas, “la finca” y la venta de desechos reciclables.
Es decir, entre quienes trabajan para
empresas intermediarias y los voluntarios, en conjunto casi duplican el número
de trabajadores sindicalizados que reconoce el gobierno del Distrito Federal.
¿Cómo entender entonces el doble discurso, que por un lado demandan
transparencia en los dineros que los trabajadores aportan a sus sindicatos, y
por la otra mediante prácticas fuera de la ley hasta ahora lesionan los
derechos de los trabajadores?
Sólo para mencionar un caso: el centro
histórico tiene concesionado el servicio de barrido de calles a empresas particulares,
práctica que se ha extendido en los últimos años a varias delegaciones. Es
común ya ver trabajadores que no forman parte de la plantilla del gobierno de
la ciudad, haciendo trabajos de limpieza y de poda de jardines públicos, frente
al silencio cómplice de los dirigentes sindicales.
El SUTGDF es un sindicato sumiso, incapaz
de enfrentar a autoridades menores que establecen lineamientos violatorios de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como es el requisito
de que los voluntarios que aspiren a una plaza, deben contar con una antigüedad
de siete años, cuando el marco jurídico establece que a los seis meses un día
se de manera automática se obtiene la base. Políticamente es más redituable
criticar la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo que abanderar las
justas y legítimas demandas de sus propios agremiados.
PARA LA AGENDA
La inclusión del nombre de Tomás Ruiz
entre los prospectos a ocupar la directora general del ISSSTE, forma parte de
las especulaciones. Si bien es cierto en el pasado formó parte del grupo de la
maestra Elba Esther Gordillo, e incluso presidió el Partido Nueva Alianza, el
distanciamiento con su hija, la ahora senadora Mónica Arriola, fue definitivo.
La designación, nos dicen, recaerá entre Sebastián Lerdo de Tejada o Pedro
Vázquez Colmenares… No dejan pasar una, lo que muestra el nivel que tienen:
Enrique Tenorio -señalado por Carolina López de jaquear los correos de los
integrantes del grupo de la doctora Marisol Galindo, para lo cual envió a esta columna
pruebas y lo que configura un delito cibernético-, secretario particular de
José Luis Rodríguez Camacho y secretario de premios, estímulos y recompensas,
se autoincluyó entre los reconocidos el pasado 1 de octubre por 30 años de
servicios. En la lista figuraron también Marco Antonio Silva Hermosillo -¿por
qué nadie investiga que una de sus hijas cobra como médico pese a que es
psicóloga y que desde hace años goza de comisión sindical?- con una antigüedad
de 35 años, y Porfirio Soriano Hernández, con 50 años. La historia de este
último es de suyo interesante: es el director del deportivo de los
trabajadores, puesto que también desempeñó en la gestión de Ricardo Pontigo, de
la que fue echado luego que en una auditoria se le encontró un desastre en materia
de contabilidad. La ambición alcanza tales niveles que sólo les falta cobrar
por respirar. A Santa Anna no se le hubiera ocurrido algo así… Raúl Enríquez
Montiel deberá, en los próximos días tomar una definición. La presidencia de la
comisión nacional de honor y justicia la alcanzó al ser incluido en las
negociaciones por parte de la doctora Galindo, pero al parecer fue tentado por
Rodríguez Camacho al integrarlo al pomposamente llamado grupo estratégico que
coordina Ulises Cortés Sagredo. Según la informante de lujo que desde hace
muchos meses tenemos, les ha filtrado información comprometedora, e incluso
habría diseñado una estrategia para debilitar a quien le debe lo que ahora es.
¿Se atreverá a aplicar estrictamente el reglamento que sanciona el divisionismo
incluso con la expulsión en el caso de José Luis Saucedo Monzón? El tiempo dará
la respuesta… Otro que fue incluido entre los reconocidos el 1 de octubre, fue
Juan Carlos Arreola Sánchez, a quien Rodríguez Camacho había ya tentado
incluyéndolo en la lista de beneficiarios en la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado… ¿Alguien se ha preguntado por qué una sola
sección, la IV “Clínicas de especialidades” que desde hace muchos años controla
Luis Miguel Victoria al manejar la bolsa de trabajo y los ascensos, ocupa 18
posiciones -sin incluir a su hijo que aparece en la toma de nota pero que no
tiene comisión sindical- en la dirigencia nacional?… Dicen quienes conocen de
cerca la gestión de Ayala Rivero, que ensoberbecido se ha olvidado en los
últimos meses del trabajo sindical para dedicarse a la buena vida. ¿Será?… La
comisión nacional de auxilios, según las cuentas de Francisco García Culebro y
Ulises Cortés, tenía recursos por 609 millones 39 mil 175.93 pesos hasta
mediados del mes pasado y que el descuento por concepto de auxilio se aplica en
promedio a 85 mil 734 trabajadores. Para empezar existen suspicacias en cuanto
a las cifras, ya que no ofrecieron información detalladas de los pagos estado
por estado. Y resalta el reconocimiento que se incluya a trabajadores de
confianza, cuando se supone que el SNTISSSTE es un sindicato de trabajadores de
base, ya que los de confianza pueden afiliarse al SITISSSTE que encabeza Juan
Manuel Garduño y que ha tenido un crecimiento espectacular con case cinco mil
afiliados…
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