Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El tema de las pensiones está de moda. En varios países forma parte de su agenda aunque las orientaciones son diferentes. En algunos, como en Francia y España son objeto de ajuste constante en sus prestaciones, debido a los problemas económicos que vive Europa en general.
Mientras que en las economías emergentes, como la mexicana, la trama se orienta a modificaciones de los sistemas pensionarios ante el aumento de la longevidad de la población y la insuficiencia, en un futuro no muy lejano, de recursos financieros para hacer frente a esa responsabilidad inevitable.
En México el problema ha sido analizado por especialistas en economía y política, quienes en sus apreciaciones han considerado que la principal carga para las finanzas públicas, radica en el sistema pensionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, esta tesis no es compartida por quienes se dedican a las cuestiones actuariales.
Recientemente se publicó el libro Pensiones…¿y con qué?, de Francisco Miguel Aguirre Farías, donde el autor analiza actuarialmente los diversos sistemas de pensiones que hay en el país y deja en claro que el principal problema financiero de las pensiones no radica en el IMSS, como la mayoría de los especialistas aseguran, sino de los sistemas de pensiones de los servidores públicos y universitarios, donde se encuentran los empleados de los municipios y empresas paraestatales.
Efectivamente, mientras el IMSS con 14 millones de afiliados, muestra un gasto actual superior a los 106 mil millones de pesos, y se prevé que en el año 2040 llegue a los 209 mil millones de pesos, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (donde se ubican las instituciones mencionadas anteriormente) es de 37 mil millones de pesos y atiende a sólo 400 mil mexicanos.
La noticia no es nueva, si bien no se puede precisar con exactitud la cantidad, es del conocimiento popular las condiciones preferentes en que se pensionan un puñado de trabajadores de la administración pública. No se trata del trabajador sindicalizado o de confianza que labora en la administración central, sino de aquellos que están en empresas, principalmente paraestatales, donde las prestaciones “son de súper lujo” evidenciando que en el gobierno hay trabajadores de primera y de segunda y eso se ve hasta en las pensiones.
Diferencia que también se presenta al momento de retirarse; en esas instituciones donde la pensión equivalente al último salario bruto percibido y superior al salario neto, lo que significa que el trabajador al retirarse laboralmente recibirá una pensión mayor que su sueldo como activo, pues al pensionarse dejará de cotizar y obtendrá ciertas exenciones fiscales, mientras los trabajadores que laboran en el sector privado y en otras dependencias del público, al pensionarse su ingreso se ve afectado, ya que perciben menos de lo que ganaban en activo.
Pero además, a diferencia del IMSS, donde la pensión es por edad, en los sistemas bajo el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, la antigüedad laboral está por arriba de la edad, por lo que, como lo señala Aguirre Farías, no es difícil ver a personas menores de 40 años de edad ya jubiladas.
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha manifestado su interés por reformar la seguridad social para que a todos los mexicanos cuenten con una pensión, para lo cual se visualizan hacer algunos ajustes a los sistemas de pensiones actuales. Es importante que comprendan a los sistemas pensionarios que rigen a los municipios, universidades y paraestatales, y no solamente se dejen de presionar las finanzas públicas, sino también reducir la brecha diferencial que existe entre los trabajadores que laboran bajo un mismo patrón.
Hoy es necesario que en las reformas al sistema de pensiones se incluya a los trabajadores que están bajo el Régimen de Jubilaciones y Prestaciones, para que por lo menos cumplan con los requisitos mínimos a que la mayoría de los trabajadores están sujetos. Como lo dice Aguirre Farías: crear un marco jurídico capaz de delimitar las reglas para modificar un sistema de pensiones que impida las jubilaciones por antigüedad antes de los 65 años de edad y determine un salario regulador.
Es decir, hacer más estrecha la brecha que existe entre los burócratas de primera y los de segunda.
PARA LA AGENDA
De acuerdo con el abogado Alejandro Velázquez -famoso por haber sido quien lograra el registro de los controladores de tránsito aéreo y la reelección entre los dirigentes burócratas-, la iniciativa de reforma preferente en materia laboral es en algunos aspectos inconstitucional y en otros repetitiva de lo que ya la Ley Federal del Trabajo de 1970 contempla en materia de outsourcing, contratos por hora y tiempo determinados, por ejemplo. La inconstitucionalidad, de acuerdo con Velázquez Méndez, se da en el hecho que va en contra de derechos garantizados por los artículos 123 y 133, mientras el outsourcing pudiera ser regulado a través de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la LFT de 1970; los contratos por horas pueden regularse en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del mismo ordenamiento. Y va más allá: topar el pago de salarios caídos a sólo un año y luego establecer un porcentaje mensual, es violatorio de lo previsto por las fracciones XXI y XXII del artículo 123 Constitucional, mientras limitar el derecho de huelga es contraria a lo que establecen las fracciones XVII y XVIII del mismo dispositivo constitucional… ¿Hasta cuándo? se preguntan los empleados de Comunicación Social del ISSSTE, pues no obstante que el director del área, Ramón García González, conoce las arbitrariedades que la subdirectora de Información, Mónica Flores Rosas, hace contra el personal que labora en la oficina no ha sido capaz de ponerle un hasta aquí y evitar que se siga aprovechado de las necesidades de empleo que tiene los trabajadores que ahí laboran. Los atropellos de la señora Flores Rosas, incluyen que lidera un grupo de empleados para manipular la información y el próximo director de comunicación social encuentre piedras en el camino y se vea en la necesidad de mantenerla a ella en el puesto y consecuentemente a sus seguidores. No está por demás decir que el trato que tiene esta señora con los medios, deja mucho que desear; en cierta ocasión cuando acudimos a solicitar información, fue soberbia y simplemente nos la negó… Después de más de tres años de incumplir con la obligación de rendir informes mensuales de las finanzas de la comisión nacional de auxilios, el martes pasado sorpresivamente Francisco García Culebro presentó el primero y habló de la necesidad de trasparentas las cuentas de los sindicatos. ¿La crítica iba contra José Luis Rodríguez Camacho y su tesorero Alberto Noé Berumen? Por cierto, el 15 de septiembre, en casa de Rodríguez Camacho se hizo una fiesta mexicana a la que entre otros asistieron Hilario Ramírez, Luis Miguel Victoria Ranfla, Guadalupe Murillo, Marco Antonio Silva, Alberto Noé, Roberto Ruvalcaba, el jaker Enrique Tenorio, José Luis Saucedo y Martha Olmos -¿por qué no estuvo corazoncito?-. Sólo falta que alguien haga un poster, para cómo actúa el presidente de vigilancia que hace que nada ve… Hay alguien que sostiene que el poster firmado por Angélica Rentería Ruiz en contra de la doctora Marisol Galindo, fue pagado por Rodríguez Camacho y por Alberto Noé, lo que de ser así implicaría una violación grave a lo que establece el artículo 181 del estatuto…
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