POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
Las presiones que dos funcionarias de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), para que los trabajadores de base renuncien
a ser derechohabientes del ISSSTE, pudieran derivar en sanciones
administrativas debido a que en los excesos que han cometido, han emitido
documentación oficial sin remitir copias a sus superiores para su conocimiento,
además que enfrentan la sospecha de alentar la consolidación de un sindicato independiente.
Las irregularidades amenazan con desbordarse. El pasado martes 3
de mayo, el sindicato titular del contrato colectivo, en una acción inusitada,
convocó a un mitin en la explanada de las oficinas localizadas al sur de la
ciudad, para protestar por la conducta de la subdirectora general de
administración, Alma Rosa Cañez Rivera y la coordinadora de normatividad y
asuntos jurídicos, Fabiola González Robledo.
El mitin propició la intervención del contralor interno de la
Conade, Edgar Pérez Saynoz, a quien le entregaron un documento firmado por las
señoritas Cañez Rivera y González Robledo, dirigido al dirigente sindical
Santiago León, al no indicar copias para el director de la institución,
Bernardo de la Garza, para su conocimiento, incurría en responsabilidades
administrativas.
En efecto, el documento fechado el 13 de abril, propone que toda
vez que la Conade es un organismo público descentralizado desde febrero de
2003, sus trabajadores deben dejar de ser derechohabientes del ISSSTE, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 123 constitucional.
Lo anterior es cierto parcialmente, porque si bien es cierto que
en la actualidad la Conade es un organismo público descentralizado, cuando fue
creada era un organismo centralizado, es decir dependía jurídica y
presupuestamente de la Secretaría de Educación Pública, por lo que sus
trabajadores estaban formalmente al servicio del Estado y por tanto regulaban
sus relaciones laborales a través del apartado B del artículo 123
constitucional y por tanto les correspondía el régimen de seguridad social del
ISSSTE. Ninguna ley tiene efectos retroactivos, como es el caso, como bien lo
sabe cualquier pasante de derecho.
Para modificar el régimen de seguridad social, es necesario que
cada trabajador en lo individual manifieste por escrito su conformidad, ya que
de lo contrario se violentarán sus derechos. La pretensión de ambas
funcionarias es que se aprovechara la revisión del contrato colectivo y se
instalara “un equipo de trabajo para realizar las modificaciones correspondientes”.
En la reunión con el contralor, sólo estuvo presente la
coordinadora de normatividad y asuntos jurídicos, debido a que la señora Cañez
Rivera decidió abandonar las instalaciones ante el temor que el conflicto se
saliera de control, lo cual refleja que el trabajo realizado no es del todo
transparente. Y es que se les señala también de tratar en igualdad de
condiciones a un sindicato independiente minoritario el cual cuenta con no más
de 50 agremiados, mientras el titular del contrato tiene alrededor de 350
agremiados.
La cláusula 124 del contrato colectivo señala que será a través
del sindicato titular que se canalizará la entrega de ropa deportiva, regalos a
los niños y de madres. Sin embargo, al sindicato minoritario se le reservaron
espacios para el 6 de mayo en la Ex Hacienda de Tlalpan para el festejo del día
de las Madres. Es decir, incurren en violaciones al contrato que pudiera ser
motivo de emplazamiento a huelga, independientemente que el dirigente del
mismo, Sergio Sánchez Villaseñor se le rescindió la relación laboral desde
septiembre del año pasado por lo que se encuentra en el limbo jurídico.
En esas violaciones, los trabajadores acusaron de estar
involucrado al director de Recursos Humanos, José Adrián Cruz Pérez -el sexenio
pasado trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo
que le lleva a siempre referirse de una manera elogiosa de Bernardo Bátiz,
llamándolo “maestro”.
El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que
corresponde a los sindicatos titulares de las relaciones de trabajo, el manejo
de las plazas de base en su totalidad; que las dependencias no deben otorgar
licencias sindicales ni retención de cuotas a los sindicatos minoritarios.
Extrañamente la subdirectora general de administración y la coordinadora de
normatividad y asuntos jurídicos de la Conade, no aceptan esas resoluciones.
Para la agenda
La orden de Marcelo Ebrard fue tajante: el próximo dirigente del
Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF),
será Juan Ayala Rivero. Los encargados de la operación han externado que ellos
sólo cumplen órdenes. Lo extraordinario es que la izquierda y el PRD eran
críticos de lo que denominaban el corporativismo sindical, el cual ahora
practican sin el más mínimo pudor. Ayala Rivero será el dirigente, pero ¿pasará
un antidoping? Es pregunta… ¿Cómo justificará el físico Edmundo Ulises Cortés,
tesorero de la comisión nacional de auxilios del Sindicato Nacional de
Trabajadores del ISSSTE, la lujosa camioneta Jeep Patriot color ladrillo y
placas de circulación 905-SPA en la que viaja? Las suspicacias de pretender
aumentar del 2.5 al 5 por ciento de descuento que se les aplica a los
trabajadores para la comisión de auxilios, son cada vez mayores, porque así
como él no puede justificar haberla adquirido con su modesto salario y su
compensación sindical, tampoco Francisco García Culebro puede hacerlo con el
nivel de vida que tienen él y sus hijos y que también incluyen vehículos de
lujos y una impresionante residencia con valor de varios millones de pesos al
sur de la ciudad… Por cierto, los excesos en la sección uno que encabeza
Hilario Ramírez Chávez, son demasiados: su esposa Claudia Acosta Montelongo no
sólo goza de comisión sindical, sino que además cobra 36 horas de tiempo extra
como si lo desquitara. También Jesús Rodríguez Méndez, secretario de Acción
Política, tiene comisionada sindicalmente a su esposa -es decir sólo se
presenta a cobrar, si es que no le pagan por transferencia ancaria-, Hilda
Angélica Tapia Pérez, adscrita a la Subdirección de Prestaciones Económicas con
número de empleado 302282 y con nivel Apoyo administrativo A-6... Conforme se
acerquen las elecciones para gobernador en Yucatán, el nombre de José Manuel
Ramírez Marín será utilizado para golpear a uno de los precandidatos con
mayores posibilidades de lograr la nominación por el PRI, Jorge Carlos Ramírez
Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de quien es
hermano. Y es que, pese a ser pasante de médico veterinario zootecnista (la
carrera la cursó entre septiembre de 1982 y julio de 1987) de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y
ocupar una plaza de asistente de la dirección del Hospital Regional Mérida del
ISSSTE, tiene un salario mensual de 32 mil 868 pesos. Su número de empleado es
251941
