El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, está de acuerdo con la expresión “justicia retardada es justicia denegada”, y externa su preocupación de revertir el crecimiento en el rezago histórico de expedientes individuales que registra la institución que dirige. De no hacerse nada, en un tiempo relativamente breve, la cifra podría llegar a 273 mil expedientes en trámite de instrucción y dictamen.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Cámara de Diputados juegan un papel preponderante en la solución de este añejo problema que, luego de la aprobación a la Ley del IMSS de 1997, se ha acrecentado.
La SHCP, a petición de la STPS, ya dio los primeros pasos, con la autorización de 346 nuevas plazas temporales (108 operativas y 238 jurídicas) a nivel nacional -vigentes del 1° de agosto del 2011 al 30 de noviembre del 2012- tiempo en que se estima se podrá abatir el rezago histórico.
Corresponde al Congreso de la Unión continuar la marcha en este sentido. De acuerdo con lo expresado por el presidente de la JFCA, la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) disminuiría en gran medida la carga de trabajo a la Junta, en la que actualmente existen 115 mil juicios, distribuidos en las 66 juntas especiales, de pensionados que demandan la entrega de sus recursos depositados en la subcuenta de vivienda 97.
La Cámara de Diputados tiene una iniciativa para reformar integralmente la Ley del Infonavit, incluyendo la derogación del artículo Octavo Transitorio, el cual señala que cuando un trabajador se pensiona conforme al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, el Instituto debe transferir al gobierno federal los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda, para financiar su pensión, lo cual ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Andrade Salaverría considera, que en el próximo periodo de sesiones, se podría dictaminar, discutir y someter a discusión esa iniciativa. “Creo que está en las prioridades de la agenda legislativa”, lo que permitiría que al entrar en vigor, los pensionados que tengan un juicio en trámite y quienes ya cuenten con un laudo condenatorio recibirían de manera inmediata los recursos que tengan en la subcuenta de vivienda 97, mientras los pensionados que no hubieran demandado, o bien que obtuvieron un laudo desfavorable se les entregarían sus recursos en 13 parcialidades. Lo anterior, permitiría entregar con rapidez a los pensionados, en vía administrativa, los recursos de la Subcuenta de Vivienda 97.
Con las reformas a la Ley del INFONAVIT van a ser muchos menos los casos en que haya una controversia y ésta se daría sólo cuando el interesado no esté de acuerdo con el saldo del fondo de vivienda que la Afore registra, pero que corresponde al instituto de la vivienda administrarlo o cuando se trate de designación de beneficiarios de un pensionado que haya fallecido.
La JFCA, al ser un tribunal tripartita que conoce sobre los conflictos obrero-patronales, de acuerdo con las legislaciones de las instituciones de seguridad social y de vivienda, de hecho, se ha convertido en un tribunal de seguridad social. El 55% de la carga de trabajo de la Junta, corresponde a conflictos de seguridad social contra el IMSS, INFONAVIT y las AFORES.
Las legislaciones de ambos organismos, le otorgaron competencia a la JFCA para atender los conflictos que se susciten con motivo del reclamos de las prestaciones de la Ley del IMSS y del INFONAVIT, e incluso conoce también de los problemas laborales con trabajadores de ambas instituciones, adicionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó competencia para dirimir las controversias entre cuentahabientes y las administradoras de fondos para el retiro derivadas de las reclamaciones consistentes en la devolución de los fondos de las subcuentas de retiro y vivienda.
Sin embargo, agilizar la resolución de los juicios no es fácil, de acuerdo con Eduardo Andrade Salaverría, debido a que se les da prioridad a aquellos más antiguos, a fin de abatir el rezago histórico, en detrimento a los que fueron iniciados posteriormente. El Titular de la JFCA confía que los legisladores aprueben las reformas a la Ley del Infonavit y, con ello, beneficiar a los demandantes y al Tribunal Laboral Federal.
PARA LA AGENDA
La decisión de Joel Ayala Almeida de que sea Luis Miguel Victoria Ranfla quien encabece las negociaciones de las condiciones laborales en el ISSSTE no es, como muchos creen, el espaldarazo al secretario de trabajo y conflictos en el Distrito Federal, para que en mayo de 2013 se convierta en el siguiente dirigente nacional de la organización. Obligado por la incapacidad del presidente del SNTISSSTE, José Luis Rodríguez Camacho, más preocupado en atender fiestas y comilonas que en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus trabajadores, el dirigente de la FSTSE optó por sustituirlo ante el riesgo que las negociaciones se empantanaran, aún cuando Victoria Ranfla ha dado muestras de no ser un buen negociador: él fue quien primero aceptó la inclusión de Ricardo Pontigo Márquez como delegado ante el congreso de FSTSE. Y es que la apatía de Rodríguez Camacho es sorprendente: suspira por ser diputado federal por el PRI por su natal Nayarit, pero fue incapaz de hacer trabajo político en la reciente elección de gobernador… El viaje que Rodríguez Camacho hará con los 48 secretarios generales seccionales y que originalmente estaba proyectado se realizaría a Costa Rica, fue cambiado a Ixtapa Zihuatanejo y tentativamente se realizará los días 27 y 28 de septiembre, según esto porque el sindicato no tiene dinero, ¿será?… Por cierto ¿cómo justificará Victoria Ranfla que con su salario como trabajador de base y la compensación de nueve mil pesos que percibe, posea una camioneta Captiva color negro?… El delegado del ISSSTE en Campeche, José Montejo goza de una cercana relación con la dirigencia de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), lo que le ha permitido ocupar el cargo durante casi diez años. Una denuncia de trabajadores permitió descubrir que ha ingresado a trabajar a su hijo y a su novia y a otros familiares, con lo que ha incurrido en nepotismo… Se cumplió la amenaza: el miércoles 31 de agosto, le fue levantada un acta administrativa a la enfermera Aracely Ángeles Lara, destituida -sin cumplir los requisitos que establece el estatuto sindical- de la secretaría de becas de la sección del Hospital Regional “Ignacio Zaragoza”, por el dirigente Emigdio Zárate López, frente a la apatía del presidente del consejo nacional de vigilancia, José Luis Saucedo Monzón, más preocupado por su precandidatura a la dirigencia nacional -para mantener los privilegios- que cuidar se respete el estatuto sindical y la unidad de la organización… Tal y como estaba previsto, el hospital “Gonzalo Castañeda” cerró sus puertas, con lo que se evitó toda posibilidad de un desastre de consecuencias mayores. La decisión -quien la haya tomado- merece ser reconocida, debido a que se ponía en peligro la vida de muchas personas al acudir a unas instalaciones en las que no tenían ninguna seguridad. Ese hospital -ubicado en Tlatelolco- quedó severamente dañado por los sismos de 1985...
No hay comentarios:
Publicar un comentario