POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
La directora del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, doctora Luz Verónica Hernández García, debió comparecer en la primera quincena de diciembre ante la Procuraduría General de la República (PGR), para declarar respecto a una denuncia presentada por la secretaria de becas de la sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Araceli Ángeles Lara, por retención de salarios.
La denuncia, presentada en la Delegación de la PGR en el Distrito Federal el 28 de octubre, en la narración de hechos detalla que el 27 de julio se presentó en la pagaduría del hospital para cobrar su salario correspondiente a la segunda quincena de ese mes y el Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac).
La pagadora habilitada, Lidia López Márquez, le indicó que debía hablar con Carmen Casasola, la que a su vez la envió con Blanca Estela Ramírez Mendoza, jefa de movimiento de personal quien le dijo desconocer la razón por la que la mandaban con ella. Llamó al jefe de control de asistencia, Óscar Medina Aguilar, el cual le informó que no le entregaban los cheques porque no tenían la copia de la licencia sindical y estaban en “un grave problema”. El jefe de control de asistencia le manifestó que en caso que no comprobara gozar de comisión sindical, se le levantaría un acta administrativa, como primer paso dentro del procedimiento para cesarla. La trabajadora le explicó que desde 2009 -fecha en que fue electa integrante de la dirigencia seccional- tenía ese beneficio para la realización de tareas inherentes a su cargo.
Al no serle entregados sus cheques, la trabajadora envió un escrito al director general del ISSSTE, solicitándole le fundara y motivara las causas por las que se había ordenado la retención de su salario. En respuesta mediante correo certificado, se le comunicó que no existía ninguna cancelación de sus cheques.
Posteriormente el 12 de agosto, la directora del hospital le hizo entrega de los cheques y le solicitó que “dimita” el documento que la secretaria de becas había enviado al director general del ISSSTE con copia a la Secretaría de la Función Pública, porque no quería que “le hicieran ruidillo”.
Sin embargo, catorce días más tarde, le fue notificado un citatorio para el levantamiento de un acta administrativa en su contra el 31 de agosto, por supuestas faltas a laborar los días 16, 17, 18, 19 y 22 de agosto. Durante el inicio del procedimiento para el cese, el representante de la sección, Hugo Reséndiz Galván -secretario de trabajo y conflictos-, hizo notar la improcedencia de la acción debido a que a la trabajadora no se le había notificado previamente la conclusión de la licencia sindical, por lo que planteó la nulidad de las actuaciones.
Nuevamente el 8 de septiembre a la trabajadora se le retuvo su salario, por lo que solicitó por escrito al coordinador de recursos humanos del hospital, Manuel Salazar Estévez le fundara y motivara las razones de esa medida, y once días más tarde hizo lo mismo con la directora Hernández García, sin que hasta el momento de presentar la denuncia ante la PGR hubiese recibido respuesta.
Las irregularidades se pusieron al descubierto cuando la enfermera Ángeles Lara encontró un escrito del secretario general seccional, Emigdio Zárate López, dirigido a la directora del hospital y en el que le solicitó apoyo “para sustituir” a algunos integrantes de su mesa directiva, bajo el argumento que “como es de su conocimiento dejaron de ser institucionales a esta organización”, comunicándole además que “en cuanto determine los candidatos a ocupar los cargos que los anteriores dejan (sic) con toda oportunidad haré (sic) de su conocimiento los nombres a ocupar las diferentes secretarias (sic)”.
De acuerdo con el estatuto del SNTISSSTE, la destitución de los dirigentes sindicales debe ser ratificada por un congreso extraordinario, manteniéndose hasta entonces la situación prevaleciente. Incluso las licencias sindicales con goce de sueldo, son inherentes a los cargos, por lo que tampoco pueden ser canceladas arbitrariamente.
En el conflicto que enfrenta la sección 43 del SNTISSSTE, están inmiscuidos el secretario de trabajo y conflictos en el Distrito Federal, Luis Miguel Victoria Ranfla y el presidente del comité nacional de vigilancia, José Luis Saucedo Monzón, quienes para proteger las arbitrariedades y violaciones estatutarias del secretario general, optaron por burlarse de la trabajadora al decirle, en el caso del primero, que Zarate López está facultado para tomar las decisiones que considere pertinentes.
Incluso Saucedo Monzón le dijo que ni modo, que se comisionaran a todos los integrantes de la dirigencia seccional, olvidándose que su esposa, María Norma Vargas goza de ese beneficio desde hace más de 16 años sin ser dirigente ni tampoco desempeñarse como personal de apoyo.
Victoria Ranfla busca ser -con impulso del actual dirigente, José Luis Rodríguez Camacho y su grupo de incondicionales beneficiados económicamente- presidente del SNTISSSTE en mayo de 2013. Acaba de concluir la carrera de abogado y debiera saber que la destitución de dirigentes sindicales, de acuerdo con el estatuto de la organización, está sujeto a un procedimiento que en ese caso no se cumplió. Saucedo Monzón tiene la obligación de vigilar la legalidad de la organización.
Tanto Victoria Ranfla como Saucedo Monzón forman parte del grupo de cercano a Rodríguez Camacho, quien parece estar más preocupado por evitar que la doctora Marisol Galindo consolide su liderazgo y se convierta en la ganadora de las elecciones en las que será relevado, consciente que la suya ha sido una gestión mediocre y plagada de acciones corruptas que pueden quedar al descubierto en una auditoría.
Si bien es cierto que Victoria Ranfla parece contar con el apoyo de Rodríguez Camacho para que sea quien lo sustituya, en las últimas semanas ha empezado a trabajar en la construcción de una eventual candidatura de Ulises Cortés Sagredo, exsecretario general de la sección 43 y actual tesorero de la comisión nacional de auxilios -en la que junto con Francisco García Culebro manejan más de 500 millones de pesos y que han provocado sospechas de corrupción, al presumirse que no reportan los intereses reales que reciben por la inversión de ese dinero-, pero que carece de liderazgo.
PARA LA AGENDA
La inminente judicialización del conflicto intersindical en el hospital Zaragoza, no es el único en la Delegación Regional Oriente del ISSSTE. En agosto pasado, Héctor Javier Falcón Aguilar presentó también denuncia ante la PGR en contra de varios funcionarios delegacionales por violación a sus derechos en la bolsa de trabajo. Esos dos casos -y otros- son muestra de la pobreza de resultados de Graco Ramírez Garrido… Roberto Ruvalcaba Reyna debiera ser más cuidadoso en lo que habla: mandar callar a alguien no es cosa sencilla, y menos a uno de nosotros. Está molesto porque ventilamos que él, junto con Rodríguez Camacho y Guadalupe Murillo firmaron nuevos requisitos para la rama médica, paramédica y afín, que endurecen las posibilidades de ascenso, con lo cual no sólo afectaron a miles de trabajadores, sino además violentaron al reglamento de escalafón y torpedearon las negociaciones de la FSTSE para la revisión de las condiciones generales de trabajo…
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