POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PINÓN
Alcanzar las metas sectoriales se ha convertido en una de las múltiples prioridades del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade Salaverría. Los avances registrados hasta el momento le permiten asegurar que, al terminar la presente administración, será abatido en su totalidad el rezago histórico de juicios laborales iniciados antes de la presente administración.
Sus afirmaciones se basan en cifras concretas y contundentes. A principios de 2008 en la JFCA había una base de 77 mil 202 expedientes rezagados, cuyo trámite se inició antes del 31 de diciembre de 2006; a la fecha se ha logrado abatir 80%, por lo que quedan pendientes 15 mil, mismos que deberán quedar totalmente concluidos en los próximos 10 meses.
En principio –dijo- lo ideal sería que los juicios que se tramitaran en la JFCA no tuvieran una antigüedad mayor de tres años, y esto sería un avance muy importante en relación a la antigüedad actual de dichos juicios, considerando, además, que en lo que va de la presente administración se han recibido 94.2% más demandas individuales que en el mismo periodo de la administración anterior. Cuando se alcance esa meta, podrá considerarse que “vamos en el camino correcto para que se cumpla la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional en que los tribunales estén expeditos para administrar justicia pronta” precisa Andrade Salaverría.
Lograrlo requiere de un esfuerzo extra, para lo cual la junta se propuso otra meta:
Resolver el mismo número de asuntos que se reciben; en 2011 se superó el objetivo, al llegar a 104.5 por ciento. “Lo ideal es ir arriba del 100 por ciento, para además de atender los recientes ir bajando los anteriores, esto es dar un mejor servicio”, destaca el funcionario.
Su interés es mejorar los tiempos de respuesta de la Junta. En ese sentido, estima que las reformas a la Ley de Infonavit influirán de manera positiva, pues beneficiarán a miles de pensionados; también permitirán a la JFCA reducir su carga de trabajo, ya que las modificaciones harán posible sacar 109 mil 936 asuntos relacionados con la devolución de la subcuenta de vivienda, mismos que representan la tercera parte de todos los juicios laborales de carácter individual que actualmente se ventilan en la Junta.
Además, debido a que los nuevos pensionados no requerirán anteponer un juicio para solicitar esos recursos, la Junta dejará de recibir demandas por dicho concepto lo que permitirá atender otros asuntos.
Sin embargo, si bien las modificaciones a la legislación del instituto de la vivienda reducirán el número de casos interpuestos en la Junta, la agilidad en los procedimientos está aún lejana, pues -de acuerdo con su criterio-, los demás conflictos individuales relacionados con la seguridad social, deben tramitarse bajo otro procedimiento más ágil, que al no existir en la legislación laboral, obligan a su tramitación en la vía ordinaria, lo que alarga los tiempos de dichos juicios.
Un ejemplo de lo anterior, son los juicios interpuestos ante la Junta en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, como entidad aseguradora, que ascienden a la cantidad de 73 mil 511 juicios, cifra que representa el 31% de los juicios en que aún no se ha dictado laudo.
Insistió en que la tramitación de dichos juicios se hace mediante un procedimiento ordinario, el cual es sumamente largo. Hasta ahora y para agilizar el procedimiento se trabaja en forma conjunta con el IMSS, pero aún así los tiempos son largos. “Una manera de hacerlos más expeditos es la aprobación de las reformas a la Ley del Trabajo que presentó el PAN en marzo de 2010”, sugiere como alternativa de solución.
“Las modificaciones establecen un procedimiento especial para los asuntos de la seguridad social, lo que permitiría a la Junta resolverlos de una manera más rápida y así abatir el tiempo que dura cada juicio“, aún cuando reconoce que ello pudiera no ser la panacea, sería más pronta la administración de justicia laboral, lo que sin duda beneficiaría a los trabajadores y a las empresas que demandan una respuesta más rápida y eficiente, concluye.
PARA LA AGENDA
El viernes 20 de enero, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, José Luis Rodríguez Camacho mostró la desesperación que tiene por lograr la candidatura del PRI a una diputación federal. En el marco del Tercer Congreso Nacional de Enfermería, aprovechó la presencia de Beatriz Paredes para plantear que los exdirigentes de ese sindicato han ocupado una representación popular, porque simpatizan con ese partido. No encontró eco a su planteamiento, porque la precandidata a Jefa de Gobierno dedicó su discurso a otros asuntos, lo que deja ver con toda claridad que Rodríguez Camacho no será postulado, porque su gestión ha destacado por la corrupción, la división y el entreguismo, olvidándose de los justos y legítimos intereses de los trabajadores… Por cierto, después de la inauguración que de ese congreso hizo un par de días antes el director general del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy, en el Café La Habana estuvo Rodríguez Camacho con Guadalupe Murillo -en Veracruz anda promoviéndose como la siguiente presidenta sindical, pese a haber firmado los profesiogramas que lesionan los derechos de médicos, enfermeras y personal afín- y Enrique Tenorio; unos metros más adelante estaban sentado Francisco García Culebro y Mauro Sánchez Méndez -sueña todavía con ser subdirector de personal en el ISSSTE cuando no tuvo ni capacidad ni conocimientos para llevar una dirección de relaciones laborales en la que sólo duró dos meses y medio- y los secretarios generales seccionales de la sección VI Estancias de bienestar infantil -incluidos los que en abril de 2009 planteaban acabar con el cacicazgo de García Culebro-, cuando llegó la doctora Marisol Galindo acompañada por un numeroso contingente que ocupó tres mesas. A Rodríguez Camacho y a García Culebro se les indigestó el café, porque de inmediato salieron del establecimiento, quizá porque unos minutos antes fueron aturdidos con una sonora porra para la doctora…En la inauguración del congreso, el dirigente sindical mostró sus limitaciones: intentó en dos ocasiones decir “epidemiología” y como no pudo, lo dejó en “epi”; pero eso sí hizo gala de su palabrita predilecta “ciertamente”… Rubén Vargas Martínez ha sido, durante varios años, presidente de Casa Michoacán, posición desde la cual ha emprendido una incesante labor para difundir las artesanías, la cultura y el arte de ese estado. Ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial Federal (1979-1982), diputado federal en la LII legislatura, Vargas Martínez fue secretario general adjunto del PRI en su estado, cuando lo presidía Fausto Vallejo Figueroa, el gobernador electo, quien le pidió que lo acompañara en esa gestión. Hay quien considera que aquél realizaría un excelente papel como representante de Michoacán en el Distrito Federal… Pese a los constantes apoyos que Rodríguez Camacho le canaliza a Marco Antonio Silva Hermosillo -¿sus hijas Gloria Marlenne y Denisse Karem continúan gozando de licencia sindical, al igual que otras distinguidísimas damas?-, en las próximas elecciones en su sección Tamaulipas se confirmará que su cacicazgo es parte de la historia…
No hay comentarios:
Publicar un comentario