POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
La
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Pronabive), es un organismo
público descentralizado que tiene a la Secretaría de Agricultura como cabeza de
sector, cuenta con capacidad para satisfacer la demanda de vacunas para
animales que el país necesita, pero por de mala administración, se ha
convertido en manufacturera de laboratorios trasnacionales desaprovechándose el
potencial que pudiera tener.
Creada
en 1973 mediante decreto presidencial en respuesta al brote de encefalitis
equina venezolana, iniciado en Sudamérica y que alcanzó al país y hasta la
frontera con Estados Unidos y que, causó la muerte de miles de equinos e
incluso de algunos humanos. La severidad del problema llevó al gobierno
estadounidense a entregar al mexicano la semilla y la tecnología para producir
la vacuna que combatiera el mal.
En 1986
se introdujeron reformas al decreto de creación, entre las que destacan las
fracciones I, II y III del artículo segundo en cuanto a los objetivos para
mantener la riqueza pecuniaria del país, respecto a la elaboración de productos
biológicos, químicos, farmacéuticos y antibióticos, desarrollo, experimento y
adaptación de técnicas y la promoción y apoyo de la investigación en su campo
de acción.
Como
consecuencia de la calidad de los productos que elabora, no sólo realiza
manufacturas para laboratorios trasnacionales, sino además exporta a Cuba,
Ecuador y Venezuela entre otros países. El potencial que pudiera tener, se ha
limitado debido a la falta de un adecuado presupuesto y a una errática
conducción administrativa.
En
materia administrativa, la dirección a cargo de Juan Manuel Cardoso Escobedo,
ha implementado una política de terror entre los trabajadores, los cuales se
sienten acosados y amenazados, negándoseles incluso derechos elementales, como
el pago de tiempo extra. Tienen razón, porque los directivos muestran
desconocer cuestiones elementales como la forma en la que deben iniciar un procedimiento
administrativo.
Muestra
de lo anterior es que el pasado 28 de febrero, con la presencia del director
general, del director de planeación y administración, Víctor Hugo Martínez
Galicia, la subdirectora de recursos humanos y materiales, María de Jesús
Franzoni Noble y de la titular de la unidad jurídica, Leonor Romero López,
levantaron un acta administrativa en contra de tres trabajadores, en la que
violentaron derechos elementales como la presentación de testigos de descargo,
e incluso actuaron como si fuesen ministerios públicos.
Esa
acta, en realidad fue la segunda parte de una primera iniciada el 21 de
febrero, pero como se olvidó notificar al sindicato, tal y como lo contempla la
Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, buscaron suplir la falla.
Sólo que en la segunda tampoco los representantes sindicales firmaron.
En el
acta administrativa, elaborada por la titular de la unidad jurídica, Leonor
Romero López, firmaron como testigos el director general, el director técnico,
Luis Bojórquez Narváez, el jefe del departamento de recursos humanos, Juventino
Vázquez Moreno y la subdirectora de recursos humanos y materiales, María de
Jesús Franzoni Noble, pese a que no se clarifica si se trata de cargo o de
descargo, aún cuando se entiende que es en el primer caso. Fue incluida también
la secretaria técnica Martha Eugenia Rocha Lona, pese a que en el proemio no
aparece.
Todos
los funcionarios que hicieron uso de la palabra, actuaron como Ministerios
Públicos, al cuestionar a los trabajadores, por lo que el objetivo de firmar
como testigos -de cargo, aparentemente- se desvirtúa. Los tres trabajadores
fueron acusados se ingerir bebidas alcohólicas en su horario laboral; pero
queda de manifiesto que quienes intervinieron en el levantamiento del acta no
les constan los hechos, además que no se observaron las formalidades.
Así,
por ejemplo, el director general preguntó a uno de los trabajadores por qué
razón lo hicieron. “Porque (dice sólo el nombre de otro trabajador) me dejó la
presión y su trabajo y me habían hecho la propuesta de ocupar la plaza en esa
misma semana me dicen que siempre no y al final de cuentas me dan la noticia de
que siempre no y me sentí rechazado y fue por eso”, obtuvo de respuesta.
No se
especificó en el documento las razones por las que a los trabajadores no se les
permitió la presentación de testigos descargo, e incluso quien debió haber
fungido como de cargo no aparece en el acta.
Los
representantes sindicales se negaron a firmar la segunda acta. En la primera no
se les notificó el procedimiento, por lo que no estuvieron presentes.
Finalmente, de los tres trabajadores uno fue cesado y a otros dos se les aplicó
una suspensión provisional, decisiones que fueron firmadas por el director
general. Al no ajustarse a lo que establece la ley laboral burocrática, Cardoso
Escobedo pudo haber incurrido en responsabilidades administrativas e incluso de
tipo penal por discriminación ya que los tres incurrieron en los mismos hechos.
Debido a las irregularidades, los dirigentes sindicales encabezados por Miguel
Ángel Hernández Bautista y Rafael Hilario Velázquez García, solicitaron la
intervención de Salomé Tolosa Esquivel, titular del órgano interno de control,
a la que le hacen del conocimiento que el director general de Pronabive ha
incurrido en violación a las condiciones laborales.
Las
irregularidades en contra de los trabajadores en Pronabive son frecuentes, lo
que ha provocado que en la actualidad enfrenten diez demandas por despidos
injustificados. El organismo cuenta con sólo 34 plazas sindicalizadas.
En
marzo pasado, fueron creadas 15 nuevas plazas de los niveles 8, 9, 10 y 11, las
cuales por decisión del director general fueron catalogadas de confianza, bajo
el argumento que en realidad fueron conversiones y por tanto no era procedente basificarlas.
PARA LA AGENDA
Luis
Miguel Victoria Ranfla, al ordenar la tramitación de las licencias sindicales
con goce de sueldo de Liliana Gallegos Marroquín, Susana Jiménez López, Alicia
Guzmán Olvera y Ernesto Larre Arreta, todos exfuncionarios delegacionales,
muestra el grado de connivencia que mantiene con la administración que le
permite, entre otras cosas, manejo discrecional de plazas y de asignación de
niveles. Las dos primeras fueron secretarias técnicas de las bolsas de trabajo
en las delegaciones sur y norte, Guzmán Olvera exjefa de recursos humanos en la
zona norte, mientras Larre Arreta se desempeñó como secretario particular del
delegado en la zona sur. Las tres mujeres forman parte de su estrategia en
busca de convertirse en sucesor de José Luis Rodríguez Camacho, mientras el
último se encuentra tranquilamente en su casa. Victoria Ranfla debe a los
trabajadores, una explicación de las causas por las que ha mantenido una
actitud acrítica e incluso complaciente por decir lo menos, frente a los graves
errores cometidos por Rodríguez Camacho en la conducción sindical y que han
significado severos retrocesos para los trabajadores, como la firma de nuevos
profesiogramas que ampliaron requisitos adicionales para ascenso en la rama
médica, paramédica y afin, las incidencias económicas y otros más… Detrás de la
campaña negra en contra de la doctora Marisol Galindo, según la primera dama
-que la hay y que no es precisamente la distinguida dama aviadora-, se
encuentra Alberto Noé Berumen, en un plan ideado por Victoria Ranfla y por Roberto
Ruvalcaba, para lo cual utilizan las cuotas de los trabajadores, con la
intención de evitar que les gane el liderazgo dentro de un año. El secretario
de finanzas olvida que llegó a esa posición no porque lo hubieran impulsado
José Luis Rodríguez Camacho ni Victoria Ranfla ni Ruvalcaba. Tiene razón la
primera dama cuando acusa que se ha enriquecido pese a que tiene un salario de
los más bajos en nómina, además de tener comisionados sindicalmente a su hijo
Daniel y a su hermano José Arturo…
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