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martes, 28 de agosto de 2012

El Fácil y Riesgoso Camino de Elevar Impuestos

Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Para alcanzar las metas que el eventual gobierno de Enrique Peña Nieto se ha propuesto mediante el impulso del crecimiento económico, no sólo son necesarias reformas en materia laboral, seguridad social universal y la energética entre otras. Tan importante o más, lo es un cambio sustantivo en materia fiscal que permita ingresos suficientes al Estado para financiar sus grandes proyectos, mientras atiende cuestiones sociales inaplazables.
 Hasta ahora la cuestión tributaria no ha logrado ser el medio para obtener los recursos necesarios para el gasto público, por lo que se requiere hacer que la recaudación no solamente funcione, sino que lo haga bien y permita al gobierno alcanzar su objetivo de dotar a toda la población de servicios de salud y al mismo tiempo de una pensión mínima en su vejez.
Para obtener los recursos, se han propuesto una serie de cambios en materia tributaria, entre los que destaca la aplicación en forma generalizada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de16 por ciento. Lo que se plantea, es que con excepción de los alimentos considerados dentro de la canasta básica, el resto pague ese impuesto. La medida se aplicaría también a las medicinas.
Si bien esa es una propuesta de Manlio Fabio Beltrones, no todos los legisladores de ese partido están de acuerdo. En España y Grecia, las protestas se agudizaron luego de haber aumentado impuestos, lo que ha provocado llamados de atención entre algunos priístas, como el senador electo Patricio Martínez, quienes consideran que no se deben gravar alimentos y medicinas, bajo la consideración que no se traduciría en un incremento sustancial en los ingresos de las arcas estatales.
Muchos de los priístas saben que “el horno no está para bollos”, sobre todo cuando el resultado de las elecciones presidenciales es cuestionado por la izquierda, cuyos tentáculos manejan el movimiento #Yosoy132. Están conscientes que un incremento en los precios, producto de la homogenización de impuestos atizaría nuevamente el fuego y grupos antagónicos a Peña Nieto, tomarían las calles.
El IVA es un impuesto regresivo e inequitativo, toda vez que el impuesto traslada su impacto al consumidor final, quien tiene que pagarlo independientemente de su nivel de ingreso. A diferencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que grava a las personas de acuerdo con sus ingresos, el IVA no toma en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos y generalmente los más afectados son aquellos que tienen menos poder adquisitivo.
Quienes proponen el IVA generalizado, consideran que la clases con menos ingresos no se verán afectadas, pues artículos considerados dentro de la canasta básica continuarán exentos, mientras las medicinas les serán proporcionadas por las instituciones de seguridad social una vez que gracias a la obtención de recursos suficientes, producto de la aprobación de la reforma hacendaria, se podrá universalizar la seguridad social.
Antes de incrementar impuestos, se podrían tomar otras alternativas, como atacar la evasión fiscal que en México alcanza niveles elevados. De acuerdo con la propuesta el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, solo en el caso del IVA la evasión en 2008 ascendió a poco más de 30 por ciento del total recaudado por este gravamen, lo que equivale a dos puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) en tanto en el renglón de las personas físicas con actividad empresarial es del uno por ciento del PIB y el de las empresas de 1.2 por ciento respecto al mismo indicador.
El mismo estudio considera que la evasión total –considerando todos los impuestos- se estima en alrededor del 5 por ciento del PIB, con lo que se cubriría todo el gasto social actual y sobraría 3 por ciento del PIB para la inversión productiva.
La evasión fiscal ha sido un problema constante desde hace muchos sexenios y hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto. Se debe actuar para atacarlo mediante la simplificación de la legislación en materia tributaria y la administración fiscal, de tal manera que el pago de impuestos sea fácil y sencillo, permitiéndole al gobierno alcanzar una recaudación suficiente para atender las necesidades de la población.
Incrementar impuestos es el camino más corto para proveerse de recursos, pero también puede convertirse en el camino con mayores riesgos, que podría ser utilizado por los profesionales de la inestabilidad para crear un ambiente nada recomendable para la próxima administración.
PARA LA AGENDA
Un amparo en los expedientes laborales 1893/01 y acumulado 338/02 que conoce la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por unos 300 trabajadores de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica encabezados por Juan Ayala Rivero -quien entonces no era presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal-, les permitió presentar un incidente de liquidación que les implica, en la mayoría de los casos, un incremento superior al 50 por ciento de sus salarios, debido a que demandaron la integración a su percepción de diversas prestaciones y que, una vez que se dé cumplimiento a la sentencia, se traducirá en el rompimiento del tabulador salarial del gobierno de la ciudad. Ayala Rivero, ahora como dirigente sindical, presiona para que los trabajadores se desistan, lo que en la práctica significará el quiebre definitivo del tabulador del gobierno de la ciudad. Es claro del lado del que está el dirigente sindical… En las últimas semanas, Ulises Cortés Sagredo se nota nervioso: dejó de ser arrogante y soberbio. No es para menos: su posición de tesorero de la comisión nacional de auxilios lo ha colocado al filo de la navaja, sobre todo porque seguramente tiene conocimiento que un importante número de integrantes del comité ejecutivo nacional se preparan para impulsar, en los próximos días, la exigencia de una auditoria de los millonarios recursos manejados a partir de mayo de 2009 y que se calcula suman en la actualidad unos mil millones de pesos. Cortés Sagredo enfrenta un serio problema: él y el presidente de esa comisión, Francisco José García Culebro han violado sistemáticamente el reglamento, el cual los obliga, en sus artículos 51 punto 5 y 53 punto 3 a publicar mensualmente estados de cuenta del capital, ingresos y egresos e intereses generados por las inversiones, que hasta ahora no han hecho. Cortés Sagredo debe sopesar que de prosperar una auditoria como la que impulsarán en la comisión nacional de auxilios, quedarán al descubierto los manejos desaseados que él y Pancho han hecho de los dineros. Existe la sospecha que García Culebro en su ambición de construir su candidatura -pese a lo que dice no tiene apoyos reales, salvo el de su sección, gracias a que la secretaria general es su hermana Rosa Margarita-, trata de comprar apoyos mediante cañonazos económicos, los que, según “corazoncito” ascienden hasta 85 mil pesos. Una preocupación adicional del físico Cortés Sagredo, es que no sólo corre el riesgo de enfrentar acciones penales, sino además difícilmente logrará ser delegado al congreso electivo, ya que es casi imposible que nuevamente Mauro Adrián Vega lo incluya en su planilla… Rodríguez Camacho continúa hostigando a los integrantes del comité ejecutivo nacional y a secretarios generales seccionales que acudieron, hace unos días, a una conferencia sobre cultura convocado por la sección III que encabeza la química Graciela Pérez Almaraz, sustentada por el ingeniero Arturo Peña del Mazo, presidente de la fundación “Isidro Fabela”. Lo hace porque cree que de esa manera debilita la cada vez más fuerte precandidatura de la doctora Marisol Galindo para sustituirlo, aún cuando con ello incurra en la hipótesis prevista por el articulo 181 del Estatuto… ¿Sabrá Rodríguez Camacho que uno de sus allegados intentó besar a “corazoncito”, la que se incluso se siente hostigada sexualmente por él, aún cuando deja ver que eso le gusta? Es pregunta…

martes, 21 de agosto de 2012

ISSSTE: La Terna que Puede ser Cuarteta Para los Próximos Seis Años

Los nombres de Pedro Vázquez Colmenares, Sebastián Lerdo de Tejada y Alfredo del Mazo, forman parte de la terna que es analizada para eventualmente ocupar la dirección general del ISSSTE al arranque el gobierno del virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre próximo.
 Vázquez Colmenares es, de los tres, el que mayor conocimiento tiene del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado, en el que ha trabajado en los últimos años en la Dirección de Prestaciones Económicas. Oaxaqueño de origen, ha destacado por la capacidad analítica asumida en cuanto a uno de los problemas más importantes no sólo de la institución, sino del país, como son las pensiones.
Apenas el pasado miércoles presentó nuevamente su libro “Pensiones en México. La próxima crisis”, en el que hace una radiografía de un renglón que, de no ser atendido adecuadamente en el corto plazo puede generar retrocesos en el sistema pensionario. En el caso específico del ISSSTE, la expedición de una nueva ley orgánica en 2007 -no reforma como erróneamente se dice- evitó el quiebre económico al que el Instituto se encaminaba como consecuencia del crecimiento exponencial del pago de pensiones a sus jubilados.
La nueva ley fue motivada por factores económicos y demográficos que impactaron negativamente en la salud financiera de la institución, situación que puso en riesgo el pago de las obligaciones pensionarias y presionó negativamente durante los años la operación regular del Instituto. Conforme a sus estados financieros durante el ejercicio 2006 el fondo de pensiones apenas cubrió con ingresos regulares el 27.1 por ciento del total de gastos en materia de pensiones, por lo que el gobierno federal tuvo que solventar el déficit restante de 72.9 por ciento.
Sólo durante el periodo 2002-2007 las obligaciones por concepto de pensiones ya representaban en promedio más de tres veces los recursos propios, de acuerdo con el diagnóstico de Vázquez Colmenares, que se tradujo en un déficit actuarial del entonces fondo de pensiones con estimaciones de Valuación Financiera y Actuarial de ese Instituto para 2006, ascendía a 6.2 billones de pesos que representaba 58.4% del PIB de ese mismo año.
Con las cifras anteriores el ISSSTE sólo podría cumplir con el 10 por ciento de sus obligaciones por concepto de pensiones ajenas a riesgos de trabajo; el restante 90 por ciento tendría que haber sido cubierto con transferencias por parte del gobierno federal.
De no haber aprobado la nueva ley, el panorama del instituto hubiese sido desastroso: para lograr un equilibrio financiero temporal, el importe de las contribuciones del 7 por ciento que establecía el régimen financiero vigente en ese entonces, debía ser equivalente a por lo menos el 47.9% de los salarios, es decir, 6.9 veces el monto de cuotas y aportaciones previstas, siendo este incremento apenas suficiente para financiar el pago de pensiones durante el periodo 2007 2016. A partir del 2017 se hubiera requerido de al menos el 65.2 por ciento del salarios, es decir 9.3 veces, para contar con una suficiencia financiera que permitiera solventar el periodo 2017-2026.
El déficit actuarial del ISSSTE antes de abrogar la vieja ley era de 58 por ciento del PIB, lo que representaba ya una presión grave para las finanzas públicas. La nueva ley generó, en lo inmediato, un saneamiento de las mismas y dio viabilidad operativa al Instituto y del propio gobierno federal, ya que de haberse conservado el régimen anterior, el sistema de pensiones habría representado para el gasto público una fuente descontrolada de gastos adicionales.
La radiografía que el director de prestaciones económicas hace de uno de los renglones más sensibles no sólo del ISSSTE -como de muchas de las instituciones públicas del país-, muestra la necesidad de seguir profundizando en la toma de medidas preventivas, ya como que como él mismo lo plantea, la ley de 2007 se ha traducido en una contención del gasto corriente de las pensiones del instituto en el largo plazo, sobre todo para el gobierno federal, cuyos beneficios se verán reflejados una vez que generaciones completas de asegurados cumplan el ciclo de trabajadores retirados hasta su deceso o el último beneficiario.
Y lanza un pronóstico que será necesario analizar con detenimiento: si bien a largo plazo se vislumbran ahorros significativos para las finanzas públicas, a corto plazo es necesario diseñar y aplicar medidas para evitar que el impacto del crecimiento de las pensiones distraigan recursos del instituto que pudieran fortalecer otras áreas también importantes.
La nueva ley del ISSSTE, y hay que reconocerlo, se debe en gran medida a la visión de Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que fue el primero en presentarla como iniciativa en el Senado de la República y que posteriormente fue retomada por el PRI y diputados de otros partidos. Sin la conciencia de ir al rescate del ISSSTE, difícilmente se hubiesen tomado medidas correctivas para evitar que el fondo de pensiones se convirtiera en un problema de muy difícil solución.
Ayala Almeida es en la actualidad impulsor de la autonomía de FOVISSSTE para darle viabilidad financiera y que tenga condiciones óptimas para resolver otro problema muy sensible entre los trabajadores del Estado, como es la vivienda. La iniciativa de ley presentada hace algunos meses por Marco Antonio García Ayala y Alfredo Villegas Arreola, se encuentra en la actualidad en comisiones y no será extraordinario que en el siguiente periodo ordinario de sesiones pudiera ser sometido a discusión en el pleno.
Ahora bien, hemos citado partes que consideramos esenciales de la obra de Vázquez Colmenares porque las consideramos fundamentales. Sin embargo, ¿es suficiente que el nuevo director general del ISSSTE sea especialista en pensiones para resolver la problemática integral del instituto? Es claro que no. Sin embargo, es preferible que conozca a fondo uno de los renglones más sensibles a que, como ha ocurrido con la mayoría de quienes al pasado por ese cargo, lleguen a aprender.
De ninguna manera tampoco tenemos por qué pronunciarnos por uno u otro de los mencionados para hacerse cargo del Instituto. Pretendemos dejar claro que la intención de Vázquez Colmenares de publicitar su libro en estos meses, tienen una clara intención política.
Como clara es la intención del actual director general, Sergio Hidalgo Monroy de publicitar los recorridos de inspección que realiza en varios lugares del país
Los únicos que hasta ahora no han hecho públicamente acciones para mostrarse como pretensos a la dirección general del ISSSTE, son Lerdo de Tejada y Del Mazo Maza, quizá porque tienen la certeza que sus acciones y relaciones políticas son sus mejores cartas de presentación.
En ese sentido, el presidente municipal de Huixquilucan llevaría mano sobre los demás. En el caso de Vázquez Colmenares, sus apoyos políticos pudieran, contradictoriamente, ser su principal fortaleza pero también su debilidad por el altísimo deterioro que en la opinión pública y en los partidos de oposición tienen. Al tiempo.
PARA LA AGENDA
José Luis Saucedo Monzón olvida que en su carácter de presidente del consejo nacional de vigilancia del SNTISSSTE, su obligación es la aplicación irrestricta del estatuto, es decir, debiera ser el vigilante de la legalidad en la organización. Pero confunde su obligación con amenazar, intimidar y dividir con la intención de seguir manteniendo sus canonjías, como la aviaduría de la que desde hace más de 16 años goza su esposa María Norma Vargas. No en balde en alguna ocasión Luis Miguel Victoria lo llamó “garrapata”, porque pese a nunca haber sido secretario general seccional, ha ocupado posiciones en las que ha manejado cuantiosos recursos económicos, como lo fue en la Secretaría de Finanzas donde presionó a los secretarios generales seccionales a que le firmaran documentos en blanco para avalar su gestión. El caso es que al igual que en 2009, trabaja en la construcción de su candidatura a la presidencia, seguro que no va a ganar, pero sí le permitiría negociar una posición de poder sindical, para lo cual descalifica la eventual candidatura de Victoria Ranfla, con la que se supone está alineado… Por cierto, también José Luis Rodríguez Camacho aparenta que no apoya la candidatura de Victoria Ranfla, en lo que parece una jugada de distracción -¿impulsará acaso la candidatura de corazoncito para que todo quede en familia?-. Rodríguez Camacho viola el estatuto al hacer labor de división al hablar mal de algunos integrantes de la dirigencia, ante la complicidad de Saucedo Monzón… El presidente del SNTISSSTE tuvo la ocurrencia de acusar a la doctora Marisol Galindo de haber organizado una conferencia de cultura sustentada por el presidente de la fundación “Isidro Fabela”, Arturo Peña del Mazo -tío del virtual presidente Enrique Peña Nieto-, cuando en realidad el evento fue convocado por la sección III “Clínicas” que encabeza la química Graciela Pérez, olvidándose que lo hizo en uso de sus autonomía…

martes, 14 de agosto de 2012

Los Claroscuros del Servicio Profesional de Carrera

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
Desde el 10 de abril de 2003, han transcurrido nueve años de que se expidió el decreto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. La próxima administración será la tercera que contará con un grupo de servidores públicos profesionales y contrarios a la antítesis del amiguismo, el compadrazgo, y sobre todo el más nocivo de todos los vicios: el nepotismo.
 Si bien es cierto que bajo la administración del PRI, el tema se planteó como urgente, en la práctica la situación fue muy diferente. El cambio de gobierno, sobre todo cuando el partido en el poder no es el mismo que la aprobó, invita reflexionar sobre los resultados obtenidos.
Durante su vigencia esa ley ha registrado diferentes reformas. Una de ellas, es la que excluye de ese sistema a funcionarios de rango de director general y otros de igual nivel, quienes son designados libremente por funcionarios de alto nivel. Así, quienes toman las decisiones no están obligados a capacitarse constantemente como el que está por el servicio profesional de carrera.
Desde su aprobación, la legislación trajo una serie de dudas sobre la legitimidad y eficacia de la contratación del personal en base a sus conocimientos y méritos propios y no por intereses personales, partidistas, amistad, compromiso o compadrazgo. En su momento se planteó la necesidad de hacerlo transparente para que pudiera gozar de toda legitimidad y lejos de la sospecha de mal manejo en los concursos y sus resultados.
Si bien es cierto que en algunas dependencias se ha dado oportunidad al personal para que mediante el conocimiento y la experiencia, accedan a plazas, en otras hay prácticas nocivas. Es un secreto a voces entre los participantes a concursos, el interés que existe por parte de las dependencias de privilegiar a los amigos o conocidos, para lo cual los requisitos se hacen a modo de éste, a fin de asegurar su contratación; en caso de que no logren acreditar los conocimientos necesarios, se declara desierto el procedimiento. Por otro lado se recurre al uso indiscriminado del artículo 34, nombramientos por causa de fuerza mayor o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas, lo que evita el concurso.
Además, hasta ahora el Servicio Profesional de Carrera no ha demostrado un cambio importante en la actitud y eficacia de los servidores públicos en términos generales. El ligero avance en la agilización de los trámites burocráticos ha obedecido a decisiones tomadas desde el Ejecutivo, que ha acciones desarrolladas, de motuo proprio, por las dependencias. El cambio no se puede dar por decreto, se requiere un verdadero compromiso.
La situación anterior puede tener múltiples explicaciones, una de ellas es que la profesionalización está orientada principalmente a los servidores públicos de nivel medio, aquellos que en la estructura burocrática se ubican entre el personal sindicalizado y los políticos o altos funcionarios, cada uno de estos actores responde a intereses distintos, situación que afecta el funcionamiento del sistema.
De un lado está el personal sindicalizado, cobijado bajo el paternalismo gubernamental y cultura del mínimo esfuerzo, que difícilmente acepta un cambio de actitud; en el otro extremo están los políticos con intereses en juego que el funcionario de carrera tiende a desconocer, pues la formación que recibe está encaminada a objetivos concretos, que promueve el trabajo en equipo y la cultura del liderazgo funcional, tema en que los políticos no tienen interés. Desafortunadamente los cursos gerenciales no son obligatorios para los altos mandos y menos aún para el personal de base; la pirámide estructural se convierte en Torre de Babel.
En lo que respecta al tema salarial existe una verdadera laguna, hasta ahora el desarrollo profesional no está vinculado a la política salarial y al tabulador de sueldos, no obstante las constantes exigencias que las dependencias hacia la capacitación. Los estímulos para el servidor público de carrera han quedado fuera de ellos.
La implementación del Servicio Profesional de Carrera no ha sido fácil pues existen múltiples intereses que impiden su funcionamiento integral, el asunto no es del interés de la clase política y menos los sindicatos, por lo tanto corresponde a los servidores públicos pertenecientes a este sistema su defensa y conservación, la próxima administración será clave para el desarrollo de este servicio.
PARA LA AGENDA
En la sección uno “limpia y transportes”, la más importante del SUTGDF, las ambiciones reeleccionistas de Horacio Santiago Ramírez, corren el riesgo de quedar sólo en eso, con la candidatura de Hugo Alonso Ortiz, quien recibió el apoyo de los exsecretarios generales Teodoro García Soberanis, Pedro López Miranda, Raúl Quintana, Arturo Cruz Carbajal, Juan Gómez, Maximiliano García y Jesús Vital Flores, lo que lo convierte en el candidato a vencer. Incluso Gregorio Cárdenas -quien ya perdió hace tres años-, poco podrá hacer. Las elecciones se realizarán en la segunda quincena de octubre, para lo cual un mes antes se lanzará la convocatoria. La sección uno cuenta con 14 mil 300 integrantes, número que se calcula inferior a los 20 mil meritorios, lo que representa un enorme reto para quien ejerza el liderazgo en los próximos cuatro años… La conferencia sobre cultura ofrecida el martes de la semana pasada por el ingeniero Arturo Peña del Mazo, organizada por la sección III del SNTISSSTE, mostró la capacidad de convocatoria del grupo que tiene en la doctora Marisol Galindo como su precandidata a la presidencia de esa organización. Reunieron a más de 800 trabajadores e hicieron sentir al conferencista tan bien, que al final convocó a un grupo de ellas a desayunar mientras veían el partido de futbol en el que la Selección Mexicana le ganó a la de Japón en las Olimpiadas. El asunto adquiere importancia porque Peña del Mazo es nada menos que tío del virtual presidente Enrique Peña Nieto… Incomprensible que el secretario general de la sección uno, Hilario Ramírez Chávez, haya solicitado a funcionarios menores se levantaran actas administrativas a los trabajadores que acudieron a la conferencia, mientras Luis Miguel Victoria -aparentemente de vacaciones- haya mandado a su chofer Miguelito a tomar nota del evento, y Blanca Pérez se haya quejado que se le hubiesen invadido sus funciones como secretaria de acción política, olvidándose que fue una conferencia organizada por la sección III, la cual, por si lo olvidó, goza de total autonomía. Es claro que esos dirigentes sindicales tienen más preocupación por mantener sus canonjías, que por preocuparse por los justos y legítimos intereses de los trabajadores. Luego se quejan que el SITISSSTE que encabeza Juan Manuel Garduño registre espectacular crecimiento, lo que lo ha convertido en uno de los sindicatos más importantes de la FEDESSP… Por cierto, Sebastián Lerdo de Tejada, actual representante del PRI ante el IFE, se perfila como el sucesor de Sergio Hidalgo en la dirección general del ISSSTE. Al tiempo… En Baja California, la denuncia por hostigamiento sexual que la trabajadora Jacqueline Rubio Soto presentó en contra del subdelegado médico, Zerafín Ricardo Fernández Ruiz de Chávez, alcanzó ya niveles insospechados, pues no sólo tiene ya conocimiento de la misma del director del instituto, sino además alcanzó el ámbito penal. Fernández Ruiz de Chávez, con más de diez años en el cargo, es descrito por la trabajadora como un funcionario soberbio, prepotente que siente que los trabajadores son seres inferiores y que puede hacer con ellos lo que le venga en gana. Lo incomprensible es que la secretaria general seccional, Angélica Rentería, en lugar de salir en defensa de la trabajadora, la haya culpado de ser ella la causante del conflicto… ¿Cómo está eso que hasta el martes de la semana pasada la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Pronabive) sólo había entregado cuatro millones -de 20 millones- de dosis de la vacuna aviar que se había comprometido a producir frente a la emergencia que se vive en algunos estados. La Sagarpa debiera investigar…

martes, 7 de agosto de 2012

Los Retos de la Universalización de la Seguridad Social

VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

Entre las reformas estructurales que el candidato triunfador por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto ha expresado su interés para buscar su aprobación por parte del legislativo, destaca la relativa a la seguridad social la cual abarca diversos conceptos: servicios médicos, pensión por retiro y jubilación, esta última de trascendencia para las finanzas públicas toda vez que el IMSS y el ISSSTE, enfrentan pasivos equivalente a más del sesenta por ciento del Producto Interno Bruto.
 Hace unos días el senador Manlio Fabio Beltrones, durante una reunión con economistas, se refirió a la seguridad social universal como una tarea prioritaria que debe ser de calidad en beneficio de todos los sectores de la población.
Resulta imposible pensar en una reforma a la seguridad social sin considerar modificaciones al marco tributario que asegure al gobierno contar con los recursos económicos que permitan implementar dicha reforma, proceso que seguramente Peña Nieto consideró antes de ofrecerla en su campaña presidencial.
No se requiere ser especialista en la materia para entender que llevar servicios de salud a la población que carece de ellos y asegurar a los todos los adultos mayores una pensión, requiere de dinero, de mucho dinero. El sistema tributario es determinante para la realización de un programa de esta magnitud, se requiere un sistema más ágil, pues de mantenerse su complejidad actual, la evasión y la elusión fiscales continuarán afectando los ingresos del gobierno y la aplicación de programas sociales.
Varias han sido las voces que desde diferentes foros han puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar la base tributaria para aumentar los ingresos gubernamentales.
Hasta ahora, la mayor carga fiscal está en los trabajadores ocupados en la economía formal bajo relaciones asalariadas, mientras en contraparte millones de informales no pagan ni un quinto de impuesto, lo que además de generar un grave daño a la economía del país y evitar la viabilidad de programas sociales es muy inequitativo.
La situación se complica más ante el constante crecimiento de la informalidad, la cual al finalizar enero del presente año representó 29.02 por ciento de la población ocupada del país, algo así como 14 millones 12 mil 160 personas, mismas que, si bien evaden el pago de impuestos, tampoco tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, traduciéndose esto en un círculo vicioso.
En México, como en varios países latinoamericanos, la protección social de los trabajadores está ligada al empleo. En algunos servicios se han observado avances especialmente en materia de salud. En 1993 bajo la administración de Vicente Fox se implementó el Seguro Popular. Sin embargo, las coberturas de pensiones o jubilaciones se mantienen únicamente para quienes laboran formalmente, lo cual está fuera del principio de universalidad que debe tener un sistema de seguridad social, esto es que cubra la totalidad de las personas de un país sin importar su condición social, económica o laboral.
En este último caso, si bien en el Gobierno del Distrito Federal primero y posteriormente varios Estados otorgan ayudas mínimas, ayudas económicas a personas que alcanzan determinada edad, sin considerar su situación económica, dichos recursos son insuficientes en el caso de quienes no tienen ingreso.
Dar seguridad social a todos los mexicanos será un acto de justicia, sin embargo, lo anterior no será posible si no se logra incorporar al sistema tributario al enorme batallón de trabajadores que integran la economía informal y quienes hacen uso de la infraestructura y servicios que los trabajadores formales financian con el pago de sus impuestos; para hacerlo se requiere de una hacienda más sencilla y menos compleja, que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales a todos los contribuyentes, de manera especial a los pequeños y medianos, pues resulta imposible pensar en una reforma en ese renglón cuando detalles mínimos como la página web del SAT es lenta, se traba o no funciona por lo que hacer un trámite en internet se convierte en un procedimiento prácticamente imposible de realizar, en un vía crucis.
Ninguna reforma podrá funcionar si solamente se observan las cuestiones macro y de relumbrón y se olvida de micro, de las personas pues finalmente son éstas quienes pagan. Ese es el reto.
PARA LA AGENDA
El pleno que el comité ejecutivo nacional del Sindicato del ISSSTE realizó en Playa del Carmen, en Quintana Roo, exhibió el protagonismo de Luis Miguel Victoria Ranfla, quien en el informe que rindió, abordó temas que no eran de su competencia, como las mejoras en el pago de prestaciones económicas obtenidas en la última revisión de las condiciones generales de trabajo, entre las que mencionó becas, lo que provocó que la titular de promoción cultural, Silvia Molina, pidiera respeto, toda vez que ella que era la titular no tenía la información que en ese momento se daba a conocer. José Luis Rodríguez Camacho en un intento por deslindarse, dijo no saber de dónde la había obtenido el secretario de trabajo y conflictos en el Distrito Federal la información, y provocó las carcajadas de todos los presentes. De inmediato Victoria Ranfla lo desmintió al señalar que la información la tenía no sólo él, sino también el presidente del sindicato, Roberto Ruvalcaba, Ulises Cortés y la doctora Marisol Galindo… La secretaria general seccional en Yucatán, es reconocida por la preocupación no sólo de preservar los derechos de los trabajadores, sino de mejorarlos… No es la primera vez que Luis Miguel asume funciones que no le corresponden, en un exceso de protagonismo que debiera preocupar a quienes apoyan sus ambiciones… En su oportunidad Blanca Pérez -¿por qué cuando pide la palabra todo mundo pone cara de fastidio y no faltan los silbidos de desaprobación?- pretendió que el mérito de los avances obtenidos en las condiciones laborales fuera sólo de Rodríguez Camacho, lo que provocó una airada respuesta de la doctora Galindo que le dijo que si bien éste tenía su mérito, también había que reconocer la intervención del presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida. Y nosotros recordamos que la intervención del senador electo se tradujo en 300 millones de pesos adicionales para el sector de enfermeras… El grupo de Rodríguez Camacho que busca imponer en la dirigencia a Victoria Ranfla en mayo del año próximo, trabaja desde ahora en ganar la representación al congreso de FSTSE, pero con actitudes despóticas como las de José Luis Saucedo, los avances se convierten en retrocesos. El presidente del consejo de vigilancia debiera preocuparse por aplicar el estatuto, el cual en su artículo 70 fracción XXIII señala: “Ningún secretario debe invadir funciones de otro…” En ese viaje, en el que muchos dicen haber visto al inútil del coordinador general de comunicación social y difusión, Salvador Gallardo, rendirle tributo a Baco con singular alegría, quedó de manifiesta la pobreza en la convocatoria de María de Lourdes Poiré y de Martha Olmos, que llamaron a una reunión de exsecretarios generales seccionales de supuesta unidad pero que sus fobias les llevaron a no invitar a todos, en busca de imponerles una reunión con Rodríguez Camacho para que les diera línea a qué candidato a la dirigencia apoyar. Al final Cándido Ibarra pidió levantar la reunión al no llegar a acuerdos. Las señoras Poiré y Olmos se enterarán, tarde que temprano, de los ácidos comentarios que de ellas escribe frecuentemente la primera dama… Angélica Rentería, la dirigente sindical en Baja California, ha creído encontrar en la coincidencia de apellido con Miguel Ángel Piñón con uno de nosotros, la fuente de la información que publicamos en este espacio, lo que demuestra su pobreza. De ella también hay comentarios de la dulcinea del “hermoso”… Edilma Galeana Mellín, secretaria general seccional en Guerrero en su gestión pasó de auxiliar de enfermería “B” a enfermera general “B” con ocho horas, pero quería una plaza de enfermera especialista, sólo que no pudo acreditar estudios y tuvo que conformarse. Eso sí, su mamá, María Santos Mellín Mendiola, quien forma parte de las distinguidas damas aviadoras -al gozar de comisión sindical- tiene un beneficio adicional: cobra horas extras por ser la primera mamá de los trabajadores del ISSSTE en ese Estado. En una próxima entrega le platicaremos de la hermana, la cuñada y la extraña contratación del chofer de su esposo, Guillermo Alarcón de quien se dice cometió un fraude por algunos millones de pesos…