Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Para alcanzar las metas que el eventual gobierno de Enrique Peña Nieto se ha propuesto mediante el impulso del crecimiento económico, no sólo son necesarias reformas en materia laboral, seguridad social universal y la energética entre otras. Tan importante o más, lo es un cambio sustantivo en materia fiscal que permita ingresos suficientes al Estado para financiar sus grandes proyectos, mientras atiende cuestiones sociales inaplazables.
Hasta ahora la cuestión tributaria no ha logrado ser el medio para obtener los recursos necesarios para el gasto público, por lo que se requiere hacer que la recaudación no solamente funcione, sino que lo haga bien y permita al gobierno alcanzar su objetivo de dotar a toda la población de servicios de salud y al mismo tiempo de una pensión mínima en su vejez.
Para obtener los recursos, se han propuesto una serie de cambios en materia tributaria, entre los que destaca la aplicación en forma generalizada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de16 por ciento. Lo que se plantea, es que con excepción de los alimentos considerados dentro de la canasta básica, el resto pague ese impuesto. La medida se aplicaría también a las medicinas.
Si bien esa es una propuesta de Manlio Fabio Beltrones, no todos los legisladores de ese partido están de acuerdo. En España y Grecia, las protestas se agudizaron luego de haber aumentado impuestos, lo que ha provocado llamados de atención entre algunos priístas, como el senador electo Patricio Martínez, quienes consideran que no se deben gravar alimentos y medicinas, bajo la consideración que no se traduciría en un incremento sustancial en los ingresos de las arcas estatales.
Muchos de los priístas saben que “el horno no está para bollos”, sobre todo cuando el resultado de las elecciones presidenciales es cuestionado por la izquierda, cuyos tentáculos manejan el movimiento #Yosoy132. Están conscientes que un incremento en los precios, producto de la homogenización de impuestos atizaría nuevamente el fuego y grupos antagónicos a Peña Nieto, tomarían las calles.
El IVA es un impuesto regresivo e inequitativo, toda vez que el impuesto traslada su impacto al consumidor final, quien tiene que pagarlo independientemente de su nivel de ingreso. A diferencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que grava a las personas de acuerdo con sus ingresos, el IVA no toma en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos y generalmente los más afectados son aquellos que tienen menos poder adquisitivo.
Quienes proponen el IVA generalizado, consideran que la clases con menos ingresos no se verán afectadas, pues artículos considerados dentro de la canasta básica continuarán exentos, mientras las medicinas les serán proporcionadas por las instituciones de seguridad social una vez que gracias a la obtención de recursos suficientes, producto de la aprobación de la reforma hacendaria, se podrá universalizar la seguridad social.
Antes de incrementar impuestos, se podrían tomar otras alternativas, como atacar la evasión fiscal que en México alcanza niveles elevados. De acuerdo con la propuesta el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, solo en el caso del IVA la evasión en 2008 ascendió a poco más de 30 por ciento del total recaudado por este gravamen, lo que equivale a dos puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) en tanto en el renglón de las personas físicas con actividad empresarial es del uno por ciento del PIB y el de las empresas de 1.2 por ciento respecto al mismo indicador.
El mismo estudio considera que la evasión total –considerando todos los impuestos- se estima en alrededor del 5 por ciento del PIB, con lo que se cubriría todo el gasto social actual y sobraría 3 por ciento del PIB para la inversión productiva.
La evasión fiscal ha sido un problema constante desde hace muchos sexenios y hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto. Se debe actuar para atacarlo mediante la simplificación de la legislación en materia tributaria y la administración fiscal, de tal manera que el pago de impuestos sea fácil y sencillo, permitiéndole al gobierno alcanzar una recaudación suficiente para atender las necesidades de la población.
Incrementar impuestos es el camino más corto para proveerse de recursos, pero también puede convertirse en el camino con mayores riesgos, que podría ser utilizado por los profesionales de la inestabilidad para crear un ambiente nada recomendable para la próxima administración.
PARA LA AGENDA
Un amparo en los expedientes laborales 1893/01 y acumulado 338/02 que conoce la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por unos 300 trabajadores de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica encabezados por Juan Ayala Rivero -quien entonces no era presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal-, les permitió presentar un incidente de liquidación que les implica, en la mayoría de los casos, un incremento superior al 50 por ciento de sus salarios, debido a que demandaron la integración a su percepción de diversas prestaciones y que, una vez que se dé cumplimiento a la sentencia, se traducirá en el rompimiento del tabulador salarial del gobierno de la ciudad. Ayala Rivero, ahora como dirigente sindical, presiona para que los trabajadores se desistan, lo que en la práctica significará el quiebre definitivo del tabulador del gobierno de la ciudad. Es claro del lado del que está el dirigente sindical… En las últimas semanas, Ulises Cortés Sagredo se nota nervioso: dejó de ser arrogante y soberbio. No es para menos: su posición de tesorero de la comisión nacional de auxilios lo ha colocado al filo de la navaja, sobre todo porque seguramente tiene conocimiento que un importante número de integrantes del comité ejecutivo nacional se preparan para impulsar, en los próximos días, la exigencia de una auditoria de los millonarios recursos manejados a partir de mayo de 2009 y que se calcula suman en la actualidad unos mil millones de pesos. Cortés Sagredo enfrenta un serio problema: él y el presidente de esa comisión, Francisco José García Culebro han violado sistemáticamente el reglamento, el cual los obliga, en sus artículos 51 punto 5 y 53 punto 3 a publicar mensualmente estados de cuenta del capital, ingresos y egresos e intereses generados por las inversiones, que hasta ahora no han hecho. Cortés Sagredo debe sopesar que de prosperar una auditoria como la que impulsarán en la comisión nacional de auxilios, quedarán al descubierto los manejos desaseados que él y Pancho han hecho de los dineros. Existe la sospecha que García Culebro en su ambición de construir su candidatura -pese a lo que dice no tiene apoyos reales, salvo el de su sección, gracias a que la secretaria general es su hermana Rosa Margarita-, trata de comprar apoyos mediante cañonazos económicos, los que, según “corazoncito” ascienden hasta 85 mil pesos. Una preocupación adicional del físico Cortés Sagredo, es que no sólo corre el riesgo de enfrentar acciones penales, sino además difícilmente logrará ser delegado al congreso electivo, ya que es casi imposible que nuevamente Mauro Adrián Vega lo incluya en su planilla… Rodríguez Camacho continúa hostigando a los integrantes del comité ejecutivo nacional y a secretarios generales seccionales que acudieron, hace unos días, a una conferencia sobre cultura convocado por la sección III que encabeza la química Graciela Pérez Almaraz, sustentada por el ingeniero Arturo Peña del Mazo, presidente de la fundación “Isidro Fabela”. Lo hace porque cree que de esa manera debilita la cada vez más fuerte precandidatura de la doctora Marisol Galindo para sustituirlo, aún cuando con ello incurra en la hipótesis prevista por el articulo 181 del Estatuto… ¿Sabrá Rodríguez Camacho que uno de sus allegados intentó besar a “corazoncito”, la que se incluso se siente hostigada sexualmente por él, aún cuando deja ver que eso le gusta? Es pregunta…
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