VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
Hace unos días el senador Manlio Fabio Beltrones, durante una reunión con economistas, se refirió a la seguridad social universal como una tarea prioritaria que debe ser de calidad en beneficio de todos los sectores de la población.
Resulta imposible pensar en una reforma a la seguridad social sin considerar modificaciones al marco tributario que asegure al gobierno contar con los recursos económicos que permitan implementar dicha reforma, proceso que seguramente Peña Nieto consideró antes de ofrecerla en su campaña presidencial.
No se requiere ser especialista en la materia para entender que llevar servicios de salud a la población que carece de ellos y asegurar a los todos los adultos mayores una pensión, requiere de dinero, de mucho dinero. El sistema tributario es determinante para la realización de un programa de esta magnitud, se requiere un sistema más ágil, pues de mantenerse su complejidad actual, la evasión y la elusión fiscales continuarán afectando los ingresos del gobierno y la aplicación de programas sociales.
Varias han sido las voces que desde diferentes foros han puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar la base tributaria para aumentar los ingresos gubernamentales.
Hasta ahora, la mayor carga fiscal está en los trabajadores ocupados en la economía formal bajo relaciones asalariadas, mientras en contraparte millones de informales no pagan ni un quinto de impuesto, lo que además de generar un grave daño a la economía del país y evitar la viabilidad de programas sociales es muy inequitativo.
La situación se complica más ante el constante crecimiento de la informalidad, la cual al finalizar enero del presente año representó 29.02 por ciento de la población ocupada del país, algo así como 14 millones 12 mil 160 personas, mismas que, si bien evaden el pago de impuestos, tampoco tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, traduciéndose esto en un círculo vicioso.
En México, como en varios países latinoamericanos, la protección social de los trabajadores está ligada al empleo. En algunos servicios se han observado avances especialmente en materia de salud. En 1993 bajo la administración de Vicente Fox se implementó el Seguro Popular. Sin embargo, las coberturas de pensiones o jubilaciones se mantienen únicamente para quienes laboran formalmente, lo cual está fuera del principio de universalidad que debe tener un sistema de seguridad social, esto es que cubra la totalidad de las personas de un país sin importar su condición social, económica o laboral.
En este último caso, si bien en el Gobierno del Distrito Federal primero y posteriormente varios Estados otorgan ayudas mínimas, ayudas económicas a personas que alcanzan determinada edad, sin considerar su situación económica, dichos recursos son insuficientes en el caso de quienes no tienen ingreso.
Dar seguridad social a todos los mexicanos será un acto de justicia, sin embargo, lo anterior no será posible si no se logra incorporar al sistema tributario al enorme batallón de trabajadores que integran la economía informal y quienes hacen uso de la infraestructura y servicios que los trabajadores formales financian con el pago de sus impuestos; para hacerlo se requiere de una hacienda más sencilla y menos compleja, que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales a todos los contribuyentes, de manera especial a los pequeños y medianos, pues resulta imposible pensar en una reforma en ese renglón cuando detalles mínimos como la página web del SAT es lenta, se traba o no funciona por lo que hacer un trámite en internet se convierte en un procedimiento prácticamente imposible de realizar, en un vía crucis.
Ninguna reforma podrá funcionar si solamente se observan las cuestiones macro y de relumbrón y se olvida de micro, de las personas pues finalmente son éstas quienes pagan. Ese es el reto.
PARA LA AGENDA
El pleno que el comité ejecutivo nacional del Sindicato del ISSSTE realizó en Playa del Carmen, en Quintana Roo, exhibió el protagonismo de Luis Miguel Victoria Ranfla, quien en el informe que rindió, abordó temas que no eran de su competencia, como las mejoras en el pago de prestaciones económicas obtenidas en la última revisión de las condiciones generales de trabajo, entre las que mencionó becas, lo que provocó que la titular de promoción cultural, Silvia Molina, pidiera respeto, toda vez que ella que era la titular no tenía la información que en ese momento se daba a conocer. José Luis Rodríguez Camacho en un intento por deslindarse, dijo no saber de dónde la había obtenido el secretario de trabajo y conflictos en el Distrito Federal la información, y provocó las carcajadas de todos los presentes. De inmediato Victoria Ranfla lo desmintió al señalar que la información la tenía no sólo él, sino también el presidente del sindicato, Roberto Ruvalcaba, Ulises Cortés y la doctora Marisol Galindo… La secretaria general seccional en Yucatán, es reconocida por la preocupación no sólo de preservar los derechos de los trabajadores, sino de mejorarlos… No es la primera vez que Luis Miguel asume funciones que no le corresponden, en un exceso de protagonismo que debiera preocupar a quienes apoyan sus ambiciones… En su oportunidad Blanca Pérez -¿por qué cuando pide la palabra todo mundo pone cara de fastidio y no faltan los silbidos de desaprobación?- pretendió que el mérito de los avances obtenidos en las condiciones laborales fuera sólo de Rodríguez Camacho, lo que provocó una airada respuesta de la doctora Galindo que le dijo que si bien éste tenía su mérito, también había que reconocer la intervención del presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida. Y nosotros recordamos que la intervención del senador electo se tradujo en 300 millones de pesos adicionales para el sector de enfermeras… El grupo de Rodríguez Camacho que busca imponer en la dirigencia a Victoria Ranfla en mayo del año próximo, trabaja desde ahora en ganar la representación al congreso de FSTSE, pero con actitudes despóticas como las de José Luis Saucedo, los avances se convierten en retrocesos. El presidente del consejo de vigilancia debiera preocuparse por aplicar el estatuto, el cual en su artículo 70 fracción XXIII señala: “Ningún secretario debe invadir funciones de otro…” En ese viaje, en el que muchos dicen haber visto al inútil del coordinador general de comunicación social y difusión, Salvador Gallardo, rendirle tributo a Baco con singular alegría, quedó de manifiesta la pobreza en la convocatoria de María de Lourdes Poiré y de Martha Olmos, que llamaron a una reunión de exsecretarios generales seccionales de supuesta unidad pero que sus fobias les llevaron a no invitar a todos, en busca de imponerles una reunión con Rodríguez Camacho para que les diera línea a qué candidato a la dirigencia apoyar. Al final Cándido Ibarra pidió levantar la reunión al no llegar a acuerdos. Las señoras Poiré y Olmos se enterarán, tarde que temprano, de los ácidos comentarios que de ellas escribe frecuentemente la primera dama… Angélica Rentería, la dirigente sindical en Baja California, ha creído encontrar en la coincidencia de apellido con Miguel Ángel Piñón con uno de nosotros, la fuente de la información que publicamos en este espacio, lo que demuestra su pobreza. De ella también hay comentarios de la dulcinea del “hermoso”… Edilma Galeana Mellín, secretaria general seccional en Guerrero en su gestión pasó de auxiliar de enfermería “B” a enfermera general “B” con ocho horas, pero quería una plaza de enfermera especialista, sólo que no pudo acreditar estudios y tuvo que conformarse. Eso sí, su mamá, María Santos Mellín Mendiola, quien forma parte de las distinguidas damas aviadoras -al gozar de comisión sindical- tiene un beneficio adicional: cobra horas extras por ser la primera mamá de los trabajadores del ISSSTE en ese Estado. En una próxima entrega le platicaremos de la hermana, la cuñada y la extraña contratación del chofer de su esposo, Guillermo Alarcón de quien se dice cometió un fraude por algunos millones de pesos…
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